Paula Espinosa

Después de seis vergonzosos años hemos recuperado un derecho que jamás debimos haber perdido: la asistencia sanitaria universal. Con la convalidación la semana pasada en el Congreso del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se garantiza de nuevo la atención sanitaria a todas las personas que residen en España independientemente de su nacionalidad.

Con este cambio legislativo, nuestro ordenamiento jurídico se ha desprendido de un decretazo aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular en 2012. Una ley xenófoba y peligrosa que excluyó del sistema sanitario a más 850.000 personas en su primer año de vigencia, y que además pone en evidencia la ineficacia de las políticas de austeridad y recortes, puesto que no ha logrado los supuestos objetivos de ahorro originalmente planteados y que por contra ha agravado el colapso del servicio de urgencias sanitarias.

El antiguo decretazo del PP, ahora revertido por el Gobierno de Sánchez, es un claro ejemplo del tipo de leyes que tratan de generar un relato de confrontación en el que la población migrante tiene la culpa de los males y problemas de la sociedad. En este caso, se culpabiliza a las personas migrantes del colapso de las urgencias, del aumento de las listas de espera o del deterioro de los hospitales. En otras palabras, el Partido Popular impuso durante años y de manera sutil, una serie de reformas antisociales como pretexto para salir de la crisis económica. Reformas encaminadas a crear un caldo de cultivo que ha logrado popularizar el discurso del miedo y generar dinámicas xenófobas entre la población y las instituciones.

Una vez comienzan a llevarse a cabo las primeras modificaciones legislativas por el reciente gobierno socialista, y habiéndose superado el modelo bipartidista; fuerzas políticas como el Partido Popular y Ciudadanos, viéndose amenazadas, han decidido sumarse abiertamente a la estrategia y el discurso del miedo hacia el extranjero. Una fórmula y una manera de hacer política simplista en sus respuestas e insolidaria en sus acciones. Un tipo de política irresponsable que nunca antes nadie se había atrevido a usar en España pero que tan buen resultado está dando a partidos de la extrema derecha europea.

Con el auge de esta tendencia, España corre el riesgo de caer en el institucionalismo neofascista en el que ya están inmerso países como Hungría, Austria, Italia o República Checa. Es deber de la izquierda y de los movimientos sociales construir un relato social común que vaya más allá de las políticas de austeridad y recortes, y del miedo e inseguridad hacia el migrante. Es nuestra responsabilidad el no caer en el marco en el que se mueve la extrema derecha, que no es otro que el fascismo y la xenofobia. Debemos, por tanto, identificar a nuestro verdadero enemigo: la desigualdad.

La historia de las migraciones del siglo XXI es la historia de la globalización de las desigualdades. Desigualdades sociales, económicas y ambientales: la explotación laboral, el trabajo temporal forzado, el desorbitado poder que poseen las grandes multinacionales, así como de la destrucción del medio ambiente y la sobreexplotación de los bienes naturales. Todos ellos, fenómenos derivados de un sistema depredador de personas y recursos que obligan a los desplazamientos forzosos en búsqueda de la vida mejor. Y mientras tanto, las fuerzas conservadoras proponen políticas restrictivas de acceso de personas refugiadas y migrantes como si el control de las fronteras fuera a ser la solución.

Recuperar el acceso a la asistencia sanitaria es una medida que va por el buen el camino pero necesitamos ir más allá. No podemos olvidar que el gobierno de Pedro Sánchez ha desestimado denunciar las devoluciones en caliente, ha avalado las plataformas de desembarco y ha anunciado mejorar los centros de internamiento para extranjeros. Es decir, carreras de obstáculos que se imponen a los migrantes y que generan un problema en el largo plazo y un drama en el corto. Ver como la Unión Europea externaliza sus fronteras a terceros países cuando tiene recursos y capacidad técnica suficiente como para gestionar la política migratoria, produce desasosiego y pesimismo. Los años más crudos de la guerra de Siria coinciden con la cifra récord de refugiados a nivel mundial. En esos años, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión -liderado por partidos conservadores-  han demostrado tener una escasa voluntad política para asentar las bases de un sistema común de asilo. Europa, está condenada a entenderse entre las diferentes culturas. Ya lo hizo antes.

Ha llegado el momento de dar un soplo de esperanza a esta Europa que agoniza. Es hora de acometer desde la base del principio de la solidaridad, una política de migración y asilo común que sea capaz de crear vías seguras y legales para que las personas que buscan refugio no tengan que arriesgar sus vidas. Además, para facilitar la integración de las personas migrantes, es necesario establecer un reparto de cuotas proporcional entre el conjunto de los Estados miembros. Estos, son sólo dos de los objetivos más urgentes. A partir de aquí, queda todo lo demás. Nadie dijo que el camino fuera a ser fácil; pero hoy, más que nunca, Europa se merece estar liderada por un proyecto que asegure un proceso migratorio solidario donde el derecho internacional se cumpla y los derechos humanos estén garantizados.

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