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Por Teresa Domínguez

Le conmutaron la pena a Teodora Vázquez. Cumplía una condena de 30 años por un aborto espontáneo. En realidad por “homicidio agravado” después de que su bebé naciera muerto. Llevaba diez años encerrada, desde 2008. El caso conmocionó al mundo entero. En 2016, Amnistía Internacional presentó 250.000 firmas exigiendo su libertad. A pesar de la condena ella siempre lo negó y todos sus recursos fueron rechazados.

Culpable mientras no se demuestre lo contrario.

El Salvador es uno de los países con leyes más estrictas contra el aborto. En diciembre pasado, el Tribunal ratificó la condena porque “los elementos probarorios no habían sido desvirtuados de forma categórica”.

Teodora ya era madre de un niño de 11 años, y estaba embarazada. Estando en su trabajo comenzó a sentir dolores intensos. Llamó a los servicios de emergencia, rompió aguas poco después. Pero se desmayó y comenzó a sangrar. La policía la detuvo como presunta autora de un asesinato. Fue después de la detención que Teodora fue llevada al hospital.

En El Salvador las mujeres que padecen una emergencia obstétrica son automáticamente sospechosas haberse practicado un aborto. Un amplio número de salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas durante el embarazo, continúan siendo encarceladas y condenadas por homicidio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno revisar condenas de 27 mujeres por aborto y a emprender una moratoria “a la aplicación del artículo 133 del Código Penal”.

Según Lilian Celiberti que coordina el Centro de Comunicación Virginia Woolf de Cotidiano Mujer de Uruguay, así como su publicación con el mismo nombre y es coordinadora de la Articulación Feminista Marcosur e integrante del equipo coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales: “El Salvador prohibió el aborto en todas las circunstancias en 1998. Y en el año 2009, con los votos del FMLN, también cerraron el paso al matrimonio igualitario. Aunque cambiaron de posición en 2012. La realidad de las mujeres salvadoreñas resulta particularmente dramática como señala el Documento Técnico de revisión de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región, realizado para la preparación de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo.”

Durante estos años sólo dos países han reformado su legislación, Uruguay, que se acercó aún más a una posición acorde con los derechos humanos. Y Chile que aprobó la despenalización del aborto en tres causales. Otros endurecieron su posición, como Nicaragua, algunos estados mexicanos, el Salvador, mientras que la gran mayoría mantuvo marcos regulatorios que están en tensión con los derechos humanos de las mujeres (ej. República Dominicana, Honduras, Perú, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá, etc.).”

En El Salvador el presidente Salvador Sánchez propuso en 2016 impulsar una reforma en los casos en el que la vida de la madre estuviese en peligro, pero no fue aprobado. Así que se mantiene la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto y riesgo para la vida de la embarazada, por esos las penas son duras, hasta 30 años de prisión.

Urge la reparación del Estado. 

Teodora del Carmen Vázquez. dejó a su hijo apenas con tres años. Entró en la cárcel con 24 años, 10 años y 7 meses después le conmutaron la pena, le fue arrebatada media vida injustamente. Desde las organizaciones feministas que llevan años luchando por su liberación manifestaron su enorme alegría aunque exigen una reparación por los años que Teodora fue privada de su libertad: “Es importante pero no suficiente”, porque, si bien le permite a la mujer retornar con su familia, su máximo anhelo, “no reconoce su inocencia”.

“Sé que mi esfuerzo ha valido la pena”, fueron sus primeras palabras en libertad.

 

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