El informe de seguridad nacional del año 2018 incluye como principales amenazas para España el terrorismo yihadista, el crimen organizado, los ciberataques o la presión migratoria, todos ellos compartidos por los países análogos de la Unión Europea.
El Gobierno ha hecho público este martes el documento elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia y aprobado el pasado día 15. El objetivo es la composición de un «mapa» de las amenazas y desafíos que debe afrontar España y las actuaciones puestas en marcha para su «detección, anticipación y respuesta».
En este contexto, constata que «se mantiene» la amenaza contra España del terrorismo internacional yihadista, potenciada por «el uso de medios poco sofisticados, la acción de los lobos solitarios, la presencia de combatientes terroristas extranjeros y la furete actividad de propaganda».
En concreto, el informe apunta que el mayor riesgo de atentado para España proviene de terroristas individuales auto-radicalizados o células yihadistas autónomas, como la responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017.
Además, recoge las cifras de detenidos durante los últimos años y destaca que, en contraste con el aumento de presos en 2015, 2016 y 1017; en 2018 tuvo lugar un descenso en el número de detenidos en España, «en sintonía con el descenso progresivo del número de combatientes terroristas extranjeros».
El informe de seguridad nacional subraya también el crimen organizado como «una de las principales amenazas» a la seguridad nacional, sobre todo teniendo en cuenta su «gran poder de adaptación». Por sus características, avisa de que es capaz de interactuar con otras amenazas como los conflictos armados, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, los ciberdelitos y las amenazas sobre las infraestructuras críticas.
En este sentido, informa de que las principales actividades criminales llevadas a cabo por grupos organizados en 2018 fueron el tráfico de estupefacientes, el balnqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, los fraudes a la Hacienda Pública y el tráfico ilícito de armas.
El informe dedica además un importante apartado al ciberespacio como «el escenario preferido de las nuevas formas de conflicto». Así, incluye en este apartado las ciberamenazas, un incremento de los ciberincidentes medios diarios y un uso «creciente» de este medio para acciones de desinformación o propaganda.
AUMENTO DE ATAQUES A INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Un foco de estos ciberataques son las consideradas infraestructuras críticas, que han sufrido un aumento de este tipo de agresiones entre 2013-2018. Según detalla, en este lustro se han gestionado un total de 2.568 incidentes en operadores críticos, aunque los servicios esenciales que aportan «no se vieron comprometidos». El 50 por ciento de estos ataques se produjeron contra los sectores financiero y tributario, energético y de transporte.
El informe de seguridad nacional de 2018 también avisa de un incremento en la «agresividad» por parte de algunos servicios de inteligencia y destaca el auge del espionaje industrial, lo que ha hecho que se haya incrementado el número de contratos clasificados del Ministerio de Defensa.
«El creciente nivel de agresividad por parte de serviciso de inteligencia hostiles supone un reto tanto para España como para su entorno europeo», subraya apuntando la necesidad de una respuesta de contrainteligencia «integral y concertada».
Estas actividades «hostiles» utilizan de manera prioritaria el ciberespacio. «La dificultad de atribución de estas acticidades y su ejecución desde lugares fuera del alcance de las autoridades españolas hace que sean difíciles de neutralizar», lamenta el documento.
En este marco, revela que en los últimos años se han llevado a cabo «neutralizaciones» de las actividades de servicios de inteligencia hostiles en España, «mediante expulsiones oficiales o bien neutralizaciones discretas sin proceder a la comunicación oficial».
SITUACIÓN ECONÓMICA
El informe de seguridad nacional también abarca otros ámbitos como el espacio aérea, el marítimo, la despoblación del entorno rural, la no proliferación de armas de destrucción masiva, la seguridad energética o la protección frente a amenazas o catástrofes.
En cuanto a la situación económica, apunta que las perspectivas para los próximos años son un mantenimiento de la recuperación, aunque «a ritmo algo inferior». El documento achaca esta desaceleración a factores que generan incertidumbre en el plano internacional, como el proteccionismo comercial, el desenlace del ‘Brexit’ o el elevado endeudamiento público.
También aborda el reto de la migración y destaca como reto la necesidad de «prevenir y controlar los flujos migratorios irregulares en las fronteras, así como garantizar una adecuada acogida e integración de los inmigrantes y solicitantes de asilo».
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