Era imposible conocer qué atrocidades estaba cometiendo en la sombra el régimen militar argentino, así que el diplomático estadounidense Tex Harris se plantó en la Plaza de Mayo y comenzó a invitar a la gente a la Embajada de EE.UU.: quería conocer la verdad sobre los desaparecidos.

Harris entrevistó a cientos de personas y recogió sus testimonios en 15.000 documentos que permanecieron en secreto durante décadas y que finalmente terminaron de ser desclasificados este viernes.

“No había ninguna información disponible en Argentina, ni en la prensa ni nada de eso. Decidí abrir las puertas de la embajada, todas las tardes, durante tres horas para poder hablar con las familias”, explica a Efe Harris, responsable de derechos humanos en la Embajada de EE.UU. en Argentina durante parte de la dictadura (1976-1983).

En octubre de 1977, Harris -un diplomático de medio rango- pidió hacerse cargo del área de derechos humanos en la legación, pero puso una condición: debían relajarse las normas de seguridad para invitar a los argentinos y ofrecerles un lugar seguro donde hablar sobre las desapariciones.

Con el objetivo de que la gente fuera a la embajada, Harris, un texano de dos metros de altura, iba de vez en cuando a la Plaza de Mayo y repartía “cientos y cientos de tarjetas” con sus datos.

“Al principio -recuerda-, la gente desconfiaba cuando le dabas la tarjeta, porque EE.UU. era EE.UU., pero poco a poco algunos vinieron a la embajada, yo hacía mis entrevistas. Y ellos volvían y le decían a otros que habían podido proporcionar información sobre su hijo desaparecido y, entonces, venían más”.

El “boca a boca” convirtió a Harris en un recurso para los argentinos, aunque a él le hubiera gustado hacer más.

“El problema es que solo en unos pocos casos éramos capaces de salvar vidas porque la mayoría de la gente venía seis meses o un año después de que sus hijos hubieran desaparecido. Y ya poco podíamos hacer, estaban muertos, en la tumba o tirados en el Río de la Plata”, lamenta.

Solo en algunas ocasiones la información de la desaparición llegaba el mismo día y, entonces, sí podían presionar a las autoridades argentinas para que los liberaran.

Pero lo más difícil para Harris era lidiar con la resistencia dentro de la propia embajada, que, por orden del Gobierno de Jimmy Carter (1977-1981), quería mantener una buena relación con la junta militar argentina dirigida por el dictador Jorge Rafael Videla.

“Tuve muchas peleas en la embajada, había mucha gente que quería tener buenas relaciones con los militares. Solo veían dos fuerzas en Latinoamérica: la Iglesia y el Ejército”, asevera.

El embajador de EE.UU. en Argentina, Raúl Héctor Castro, le impidió en más de una ocasión mandar algunos telegramas al Departamento de Estado, así que Harris comenzó a usar otros métodos de envío que no requerían de su aprobación para hacer llegar la información a Washington.

Debido a su rebeldía, en un momento Harris estuvo a punto de ser despedido, pero acabó recibiendo solo un aviso formal que quedó reflejado en su expediente.

En 1993, el Departamento de Estado reconoció la importancia de su labor y le concedió el Premio de Honor, la máxima condecoración para el cuerpo diplomático.

“Lo más importante que hice fue documentar que después de un corto periodo de tiempo el Gobierno argentino se quedó sin auténticos objetivos, gente con armas o explosivos; y empezaron a perseguir a la gente de izquierdas que no tenía nada que ver con los terroristas y nunca habían visto una arma”, argumenta.

“Lo que ocurrió en Argentina fue una campaña de exterminación”, sentencia en tono firme Harris, ahora en una silla de ruedas.

Las actas desclasificadas desde 2016 han arrojado luz sobre las deliberaciones internas dentro del Gobierno de EE.UU. acerca de las violaciones que se estaban perpetrando en Argentina, y sugieren que Washington solo ejerció una presión moderada sobre el régimen de Videla para que rindiera cuentas por los desaparecidos.

También muestran que la CIA y otras agencias de EE.UU. conocían al detalle las acciones del “Plan Cóndor” en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyos servicios de Inteligencia se coordinaron para secuestrar, torturar y exterminar a sus opositores.

En Argentina, unas 30.000 personas desaparecieron durante la “guerra sucia” librada por el régimen castrense, según organismos de derechos humanos.

Beatriz Pascual Macías

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