La Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica presenta recurso contra el sistema de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y publicado en fechas recientes en el Boletín Oficial del Estado.
La asociación señala numerosas deficiencias en los contenidos mínimos previstos en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental pues aunque sí recoge la problemática relativa al cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica, la salud humana, los incendios forestales, los procesos de erosión y desertificación, el riesgo de deterioro de las masas hídricas o las zonas de especial importancia medioambiental, no contempla la problemática derivada de instalaciones eólicas y fotovoltaicas existentes ni se aportan datos al respecto de distribución espacial ni problemática ambiental generada, dado que es un hecho reflejado en la bibliografía científica publicada desde finales de 1990 que este tipo de infraestructuras «han generado una problemática medioambiental muy relevante», habiéndose omitido por completo los efectos sinérgicos y acumulativos derivados de su instalación.
Por otra parte, el EsAE del PNIEC tampoco hace referencia diferencial al modo de implantación de las renovables ni se contemplan suficientemente los distintos modos de implantación de este tipo de sistemas de generación de energía, como las pequeñas instalaciones próximas a los centros de consumo versus grandes instalaciones en zonas alejadas existiendo, además, una manifiesta ausencia de instrumentos y criterios de planificación en el procedimiento de Declaración Ambiental Estratégica tal como obliga Europa, lo que ha derivado en la instalación de un 84% más de la potencia prevista para el año 2030.
Para la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica no se está garantizando el mandato exigido por la normativa europea en cuanto a zonificación ambiental y territorial ni la coordinación con el resto de infraestructuras necesarias de evacuación, como subestaciones y redes de distribución y transporte de electricidad.
En este sentido, la norma aprobada «delega la ordenación del territorio para el desarrollo de los planes de energía en las comunidades autónomas», limitándose a hacer recomendaciones bajo el empleo de términos como «sería deseable», lo que termina por provocar la «afección y desprotección» de las zonas de especial importancia medioambiental y su biodiversidad asociada sin establecer los correspondientes mecanismos correctores.
Para la entidad, finalmente, ha existido de manera manifiesta una «falta de respuesta argumentada» a las observaciones efectuadas durante el proceso de participación pública en la elaboración del PNIEC, pues el Estudio Ambiental Estratégico estuvo sometido a una fase de consultas durante el año 2020 dentro del cual se formularon observaciones por parte de distintas asociaciones, organismos y entidades públicas y privadas. Sin embargo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica no se ha dado respuesta argumentada a estas observaciones «indicando cuáles han sido consideradas y cuáles no y en base a qué preceptos se han rechazado».
