El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido el referéndum del 1 de octubre ante el Tribunal Supremo y ha reivindicado que las ‘leyes de desconexión’ −la ley del referéndum y la de transitoriedad− planteaban una posibilidad a la cual no van a “renunciar nunca”: “la voluntad mayoritaria de los catalanes a decidir nuestro futuro”. “Tengan presente que volveremos a votar”, ha aseverado.
Ha hecho, además, una defensa cerrada de la labor de la anterior presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para la que la Fiscalía pide 17 años de cárcel: “En el caso de Forcadell hubiera hecho exactamente lo mismo: proteger el parlamentarismo”. Ha argumentado que “no hay razones” para cualquier presidente impidiera el normal funcionamiento de la Cámara inadmitiendo “ninguna iniciativa”, incluso aunque los informes de los letrados indiquen que no se ajusta a la legalidad porque estos informes “no son vinculantes”. Es decir, según su versión, la Mesa no valora el fondo de las propuestas porque es un órgano “no censurador” y solo inadmite por defectos de forma.
El actual presidente del Parlament −que ha declarado como testigo a petición de la acusación popular de Vox− ha explicado que acudió a votar el 1-O con su familia y ha reivindicado que “si de lo que se acusa en el juicio del procés es haber organizado un referéndum”, los acusados tendrían que ser “miles de catalanes y catalanas”. Ha relatado que también estuvo en la Conselleria de Economía el 20-S y en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre. “Fuimos miles quienes participamos. En el banco de los acusados tendríamos sentarnos miles de catalanes y catalanas”.
Dos miembros de la Mesa le contradicen
Los dos miembros de la Mesa que han declarado de forma posterior, el diputado del PSC David Pérez y el vicepresidente segundo del Parlament José María Espejo Saavedra (Ciudadanos) han llevado la contraria a Torrent.
Ambos han afirmado que la Mesa ha decidido inadmitir enmiendas en esta misma legislatura y han ratificado que a este órgano se le notificaron y en él se debatieron las advertencias del Constitucional. Para Saavedra, era “evidente” que existía un “plan” para aprobar las leyes que permitiesen celebrar el referéndum, sorteando los “muchos obstáculos” que había desde el punto de vista parlamentario y constitucional.
Además, Espejo-Saavedra ha asegurado que sus compañeros independentistas en este órgano de gobierno manifestaron que “no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Tribunal Constitucional” porque no eran un “órgano censor”: “Era evidente que se estaban admitiendo a trámite unas iniciativas parlamentarias que estaban en frontal oposición con lo que había ordenado el Constitucional y los letrados del Parlament nos lo estaban advirtiendo”, ha criticado ante el Supremo.