Belén de la Rosa Rodríguez, secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBI de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.
 

Volvemos a las aulas en un curso más que extraordinario, con zozobra y una sensación de vértigo que no debería tener cabida en la tarea propia de un centro educativo.

Más de ocho millones de alumnas y alumnos y más de 700.000 profesores y profesoras, según datos del Ministerio de Educación y Cultura, sin incluir al personal de administración y servicios, inician conjuntamente una andadura educativa incierta y con la sensación de una inseguridad manifiesta.

La única certeza que tenemos a día de hoy es que durante los últimos seis meses los gobiernos han perdido el tiempo. Las administraciones y el Ministerio de Educación no han sabido recoger las necesidades de la ciudadanía en materia educativa y no han sido capaces de dotar de personal necesario a los centros, prever un plan de máximos para la vuelta a la presencialidad que garantice el derecho universal a la educación, reducir la brecha social y digital en el alumnado y, en definitiva, invertir recursos a favor de una generación que, de seguir así, va a tener serias dificultades en el futuro.

Durante estos seis meses en los que sabíamos que volver a las aulas era una necesidad, CCOO ha presentado cuatro estudios rigurosos sobre cómo debería ser la vuelta a la presencialidad del alumnado y la plantilla con garantías plenas de seguridad. A pesar de esto, el Ministerio ha dejado hacer y las Comunidades Autónomas se han limitado a ver los días pasar, como si dejarlo para mañana fuese la solución a la pandemia.

Es necesario recordar que en épocas anteriores se detrajeron 9.000 millones de euros de gasto público al sistema educativo, que se materializaron en miserables recortes en personal, material e infraestructuras que repercuten directamente en lo que está pasando en estos momentos en la vuelta a las aulas.

Estos días, los gobiernos pugnan por anunciar públicamente el número de docentes que van a contratar, pero la realidad es que no tenemos confirmación de que sus promesas se estén cumpliendo. Porque para garantizar la seguridad, no solo es necesario mantener la distancia de seguridad, también es fundamental limitar el número de alumnos y alumnas que comparten espacio físico: no más de 15 en Educación Infantil y 20 en el resto de etapas educativas. Y la reducción de ratios exige la incorporación de 70.746 docentes más, sin contar con el necesario aumento de personal de administración y servicios y de personal especializado. En total, la inversión en nuevo profesorado y su formación, programas de refuerzo y becas, mejora de infraestructura y adquisición de equipos informáticos y actualización de la estructura informática asciende a 4.666.458.612 millones de euros, necesarios para evitar dar rienda suelta a las probabilidades de contagio y frenar el repunte de la pandemia.

Pero no parece que esta cifra vaya a ponerse sobre la mesa porque, al final, quienes pagan las consecuencias son siempre las mismas personas: las que tienen que hacer malabarismos para sostener a la familia, atender el cuidado de los suyos, traer un sueldo digno a casa y disimular que todo va a ir bien, que van a seguir teniendo facilidades para el estudio y el progreso, poner buena cara al mal tiempo sabiendo que nuestras hijas e hijos no van a tener un futuro cierto. Todo vale para quienes disponen de grandes casas donde confinarse, profesorado privado para tapar el agujero educativo que se ha generado durante el confinamiento. Todo vale porque, en definitiva, el profesorado, ese mismo profesorado que ha tenido que buscarse la vida para poner en marcha la enseñanza on-line sin medios, ya se pondrá las pilas para organizarse como buenamente pueda llevando a cabo con responsabilidad sus tareas educativas en las condiciones más adversas.

Eso sí, si la escuela cierra, nos quedamos sin conciliación, como si esas mujeres trabajadoras, que representan el 70% de la plantilla del sistema educativo, no tuviesen problemas de conciliación o que sostener los cuidados en sus casas, como si esas mujeres cobrasen sueldos millonarios por el trabajo que hacen, como si esas mujeres no tuviesen exactamente los mismos problemas que las demás.

En la Educación Infantil el porcentaje de mujeres trabajadoras aumenta hasta el 90%. Se trata de uno de los sectores más castigados por la pandemia y con mayor número de ERTE. Tampoco es mejor la situación en el sector de la atención a personas con discapacidad o la del personal de administración y servicios y de limpieza, cuyos sueldos no alcanzan ni siquiera la categoría de mileuristas. En general, los salarios en el Estado español no son altos, tampoco en educación. Si tenemos en cuenta la labor que desempeñan -preservar el derecho a la educación, compensar las desigualdades, favorecer el proceso de aprendizaje, motivar al alumnado, buscar la posibilidad de una ciudadanía más formada y educada- ganan bastante poco.

El desarrollo de un país se mide por la inversión en los servicios públicos y la robustez de su sistema educativo. La educación es garantía de futuro, y, ahora, más que nunca es garantía de salud. Por eso, cuando mañana llevemos a nuestros hijos e hijas y jóvenes al aula, reflexionemos sobre el poco respeto que tenemos a la Educación con mayúsculas. No hay nada detrás de la ignorancia, solo el vacío de las mentes huecas de quienes predican que “ya es sabido que los niños se van a contagiar”.

Txefe Betancort