Cloti Iborra Alcaráz

(este artículo, ahora reactualizado se escribió el 13 de mayo de 2020).

EL INFORME de CCOO PV sobre la situación sociolaboral de las mujeres en el País Valenciano en 2019, concluye que la relación de las valencianas con el mercado de trabajo se caracteriza fundamentalmente por una menor tasa de actividad y de empleo que los hombres, así como una mayor tasa de parcialidad, inactividad y desempleo. El 73,7% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Es decir, siete de cada diez trabajadoras valencianas ven condicionado su nivel de ingresos y protección social por dicha parcialidad. Y estos datos son semejantes en el resto de las comunidades autónomas, así como a nivel estatal. Es una foto que se reproduce con pocos matices.

Como indica la OCDE, la vulnerabilidad económica y social que arrastran las mujeres se está agravando por el fuerte impacto de la pandemia, especialmente en sectores feminizados como el comercio y la hostelería. En el País Valenciano, de las 937.900 mujeres con empleo, en 2019, el 87,1% trabajaba en el sector servicios. A todo ello hay que sumar la persistente brecha salarial que en 2019 se situaba en el 22´4% en nuestro territorio. La combinación de una situación previa de desigualdad estructural, de menor presencia en el mercado de trabajo, menor salario, ocupadas en sectores más precarios, con mayores tasas de temporalidad y liderando la jornada parcial, augura un aumento del número de mujeres en grave riesgo de exclusión social.

La situación de confinamiento, que podría haber sido una oportunidad para la corresponsabilidad en los cuidados se está desperdiciando, persisten los roles y estereotipos de género. El cierre de colegios, centros de día y recursos de apoyo a personas dependientes sobrecargo de tareas a las mujeres, expertas en malabarismos a las que solo les falta hacer el pino puente mientras cuidan, ejercen de maestras, limpian y trabajan. Las que conservan el trabajo, claro.

Entre las medidas excepcionales decretadas por el Gobierno, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se encontraba la posibilidad de adaptación y/o reducción de jornada. Sin menospreciar estas medidas, conviene señalar su limitación de protección, ya que, al no ir acompañadas de una prestación, no resuelven la situación a las personas más vulnerables con rentas más bajas y sin ahorros que no pueden permitirse quedarse sin salario. Una situación en la que podría encuadrarse fácilmente a muchas familias monoparentales. Afortunadamente se aprobo la renta mínima vital pero aún así no se resuelven los problemas derivados de la conciliación y la falta de recursos.  

CCOO PV ha promovio un Acuerdo de medidas complementarias urgentes, a través del Dialogo Social, para que las personas que ejercieron su derecho a la reducción de su jornada laboral para el cuidado de menores, mayores o dependientes, cobraran una ayuda económica. El acuerdo alcanzado fijó en una ayuda 600 euros si la reducción de la jornada era total o una aportación correspondiente al porcentaje de reducción, siempre que fuera inferior al 50%. Fue una ayuda vinculada a las rentas más bajas, supeditadas a no haber superado los 22.000 euros de base imponible en el IRPF correspondiente al 2018. La ayuda fue puntual y actualmente no existe, aunque pueda persistir la necesidad de hacer uso de esa reducción que aún nos permite el Plan MCuida, al menos hasta el 31 de enero del 2021.

El secretario de la ONU ha advertido de que las pandemias siempre amplifican las desigualdades y de que “el COVID-19 podría revertir los limitados logros en materia de género y derechos de las mujeres”. No podemos bajar la guardia, ahora menos que nunca. Ni siquiera en algo que puede parecer inocuo, pero que no lo es, como el lenguaje sexista, que ha vuelto con fuerza y cada día vemos ejemplos de ello, como cuando se anuncio que los niños podían salir a la calle. Las niñas no, o ¿había que sobreentender que si? No se trataba solo del anunciado, sino de la reacción suscitada en la sociedad ante la reivindicación feminista de un uso pertinente del lenguaje inclusivo. “Se sobreentiende”, por supuesto, pero ese sobreentendido no es suficiente, porque no permite reconocerse como sujetos de pleno derecho a nuestras niñas y porque ni ellas ni nosotras vamos a renunciar a todo lo conseguido, ni siquiera a nada de lo que estaba en camino.


Cloti Iborra Alcaráz es secretaria de la Dona, de Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO del PV.