Según el Reglamento del Congreso se puede formar grupo propio con 15 diputados o bien a partir de 5, siempre y cuando la formación política haya logrado un 15 % de los votos correspondiente a las circunscripciones donde haya presentado candidatura o un 5 % de los votos en el conjunto del Estado.
En el Senado son necesarios 10 senadores. Sin embargo, las formaciones políticas utilizan la artimaña del «diputado prestado», es decir, un partido cede provisionalmente algunos de sus diputados a aquellos que no pueden formar grupo y cumplan así los requisitos. Una vez queda constituido ese grupo, el diputado ‘prestado’ vuelve al suyo natural.
De esa manera eluden integrarse en el Mixto, algo que les supondría perder cupo para presentar iniciativas, intervenciones más cortas de sus portavoces en los Plenos y una ubicación en las últimas bancadas del hemiciclo.
En ese grupo acaban también quienes deciden abandonar la militancia. Las actas de diputados o senadores corresponden a las personas que han sido elegidas, no al partido por el que concurrieron en los comicios, por lo tanto, nada impide que un concejal, diputado o senador abandone su militancia.
Además, ni el Congreso ni el Senado impone un castigo a los tránsfugas o limita sus beneficios económicos, sino que incluso en algunos casos cambiar de un partido al grupo mixto conlleva un aumento de ingresos.
Los ejemplos de Pablo Cambronero, Ruth Goñi y Emilio Argüeso
Un ejemplo de ello es Pablo Cambronero, diputado por Sevilla de Ciudadanos, que la semana pasada anunció la baja de su partido y solicitaba su integración en el Grupo Mixto. Dos senadores también de Ciudadanos, Ruth Goñi, electa por Navarra, y Emilio Argüeso, designado por Les Corts Valencianes, han hecho lo mismo y se han instalado ya en el Mixto.
Cambronero continuará cobrando 3.050,62 euros mensuales, un sueldo igual al de todos los diputados, y unas dietas de manutención y alojamiento de 1.959,62 euros también mensuales, tenga o no vivienda en Madrid.
Cambronero en el Mixto se convertirá en portavoz de la Comisión de Peticiones, algo que le reportará otro suplemento mensual de 1.134,40 euros. En Ciudadanos también era portavoz de algunas comisiones, por lo que mantendrá su sueldo de 7.424,64 euros mensuales.
Además, el Congreso reparte una subvención fija al mes para todos los grupos de 29.606,56 euros, mientras que la del Senado es de 115.200 euros. Asimismo, existe una «retribución variable», también mensual, que depende del número de parlamentarios que tenga cada grupo: 1.703,57 euros por cada diputado y 1.900 euros por cada senador.
Por lo tanto, Cambronero recibirá además esa subvención de 1.700 euros al mes. Pero no se suma directamente a su nómina sino que el diputado debe abrir una cuenta aparte con la entidad bancaria que opera en la Cámara para que se le transfiera en ella esa subvención institucional que debe utilizar únicamente para gastos relacionados con su actividad en el grupo, algo que debe justificar si así se requiere. Además, si sobra dinero de esa cuenta debe devolverlo a la Cámara o al grupo.
Por su parte, los integrantes del Senado cobran un sueldo base de 3.050,66 euros al mes. Si son electos por Madrid reciben un complemento adicional de 935,37 euros mensuales; mientras que los electos por otra provincia cobran 1.959,62 euros al mes para manutención y pernoctación en Madrid.
Además, si se ostenta una portavocía hay que sumar otros 1.134,52 euros mensuales y si se es portavoz adjunto, 756,34 euros, también al mes. Los complementos están libres de tributación tanto en el Congreso como en el Senado. Emilio Argüeso y Ruth Goñi suman por lo tanto a sus nóminas los complementos por ser portavoces de comisiones. Es decir, cada uno ingresa 6.144 euros mensuales.
La diferencia con el Congreso es que los 1.900 euros de subvención del Senado, nos los reciben los senadores en ninguna cuenta sino que llegan directamente a los grupos a los que pertenecen. Además, desde 2018 deben declarar en la página de Transparencia los gastos anuales de estas subvenciones desglosando sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales como formación, acción social, seguros o indemnizaciones.
Falta sentido de Estado a todos los niveles.