Luis Rico García-Amado
Coordinador de Ecologistas en Acción
En 1961 Hanna Arendt, tras asistir al juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío, acuñó el concepto la banalidad del mal. Con este se refería a que Eichmann no había actuado así por ser una persona extremadamente cruel, sino que era una persona corriente que había obedecido las instrucciones de su gobierno, sin preocuparse por las consecuencias de dichos actos.
En sociedades tan complejas como la que vivimos en la era de la globalización, donde las consecuencias están en muchas ocasiones desligadas de los actos, la banalidad del mal opera de manera exhaustiva y cotidiana. La necesidad de lucro del capitalismo no se asocia a las consecuencias que provoca. Así, dictar una orden de desahucio o vender viviendas a fondos de capital riesgo no obliga a presenciar cómo una familia se queda sin hogar. Autorizar el uso de pesticidas no se relaciona con la desaparición de los insectos. Dar ayudas públicas para la circulación de aviones o invertir en activos fósiles no te hace divisar el aumento del nivel del mar. Ni exportar armas te hace presenciar una guerra en la que mueren civiles todos los días.
La desobediencia civil y la no-violencia promulgan que para evitar la banalidad del mal, ante leyes injustas, lo justo es desobedecer, que la legitimidad de las acciones está por encima de la obediencia a la ley. Es una práctica milenaria (su primer registro conocido es de una mujer romana, Hortensia, que se negó a pagar impuestos destinados a la guerra) que ha conseguido muchas de las conquistas sociales que disfrutamos: derechos de las personas racializadas, el voto femenino, el derecho a días de descanso durante la semana laboral, la conservación de espacios naturales, la eliminación del servicio militar obligatorio o el cierre de bases militares.
Los grupos ecologistas han utilizado la desobediencia civil en multitud de ocasiones. De hecho, para 2020, se prevé una gran campaña de desobediencia para forzar los cambios estructurales que permitan reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Con frecuencia surgen dudas sobre los límites de la desobediencia civil: ¿qué ocurre si todas las personas nos saltamos la ley? ¿y si alguien considera que es legítimo conducir a 250 Km/h? ¿y si un alcalde no respeta la protección ambiental de un terreno porque cree que es mejor construir? ¿es lo mismo que el personal sanitario desobedezca la ley al negarse a practicar abortos que para atender a personas migrantes? ¿es toda desobediencia legítima?
La respuesta es NO. No toda ilegalidad se puede considerar desobediencia civil. La desobediencia civil busca que los medios (las acciones) se asemejen a los fines (el paradgima deseado). Por lo tanto para que una acción se pueda considerar desobediencia civil se tiene que ajustar a los siguientes criterios.
1) Que se desobedezca una ley injusta. Este punto conlleva una parte de subjetividad puesto que el sentido de justicia no es igual para todas las personas. Sin embargo con la desobediencia civil se busca generar debate público con visos de cambiar las leyes. Y en el debate público los derechos sociales y ambientales, han logrado sus principales avances, precisamente porque nos alejan de la banalidad del mal. Sin embargo la desobediencia a leyes justas, como la que impide fumar en sitios públicos, no ha logrado éxito, precisamente porque en el debate público no ha conseguido mucha aceptación.
2) Que sea pública. Relacionado con lo anterior. La desobediencia civil se reivindica, no es un acto de ilegalidad oculta. Con este criterio la corrupción o la especulación con terrenos, por ejemplo, no sería un acto de desobediencia civil.
3) Que sea colectivizable. Dado que busca justicia, la desobediencia civil no se puede utilizar para favorecer a un individuo o a un grupo pequeño. Cuando Rosa Parks desobedeció las normas que impedían a las personas negras sentarse en la parte de delante del autobús no lo hizo por ella, lo hizo por toda la comunidad negra. Y no fue un acto que reivindicara que las personas blancas no podían sentarse delante, sino que todo el mundo tenía derecho mas allá de su color de piel.
4) Que desescale la violencia estructural. Se considera violencia estructural el hecho de que haya personas se aprovechen una diferencia de poder en su propio beneficio, como el que un fondo de capital riesgo pueda dejar a personas sin casa o que un banco pueda invertir en activos fósiles en plena emergencia climática. Parar un desahucio u ocupar la sede de un banco en ese caso desescala la violencia estructural porque equipara las relaciones de poder sin ejercer daño a las personas. Sin embargo saltarse los límites de velocidad al conducir no desescala violencia, sino que aumenta la posibilidad de accidentes.
5) Que asuma las consecuencias directas de los actos. A diferencia de lo que denunciaba Hanna Arendt con la banalidad del mal, con la desobediencia civil se asumen las consecuencias de las acciones y se valoran. Por ejemplo al cortar una carretera para protestar por un oleoducto se asume que igual hay gente que igual llega tarde al trabajo, pero se puede considerar que merece la pena para que no se construya un oleoducto cuyas consecuencias son peores para la humanidad (es un caso hipotético, cada acción tiene su estrategia y su evaluación propia). Con este criterio una persona sanitaria que se niega a practicar abortos, cuya consecuencia es que aumente el aborto no seguro y que mueran más mujeres, no practica desobediencia civil, mientras que quien asiste a personas inmigrantes, cuyas consecuencias son ínfimas, sí.
En un momento de crisis actual, para llevar a cabo una transición ecológica con justicia social, no queda otro remedio que practicar la desobediencia civil. Desobedecer al poder que se resiste a los cambios (y siguen persiguiendo el lucro aunque ponga en riesgo nuestro futuro) y a las leyes que los impiden.
Como razón extra, como señalaba el grafitti de Mujeres Creando: Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz.
Luis Rico García-Amado, Licenciado en Químicas y en Biología. Doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinador de Ecologistas en Acción
