Tres altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo podrían enfrentar consecuencias penales por la falta de control público sobre las residencias gallegas de tercera edad afectadas por la COVID-19

Familiares de las personas afectadas por el coronavirus en las residencias de mayores denuncian por prevaricación y dolo a tres responsables de la Consellería de Política Social.

La Federación Galega de Asociacións de Usuarios e Familiares de Usuarios de Residencias e da Dependencia (REDE), han presentado ante la Fiscalía Superior de Galicia una denuncia contra los responsables administrativos por los presuntos delitos recogidos en los artículos 195, 196, 229 y 404 de Código Penal y otros que resulten de investigación por denegación de auxilio, abandono y omisión de socorro con resultado de muertes y lesiones, todo ello realizado «de forma dolosa y con prevaricación».

La denuncia está dirigida al director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa Montenegro, al subdirector xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Fernando González Abeijón, y a la xefa do Servizo de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada, «así como a todas aquellas personas que ostentasen esos cargos en el último año y medio».

Desde REDE denuncian que la cifra actual de los más de 1.000 contagiados y 150 muertos en las residencias gallegas «no es tanto la causa del COVID-19 como de la gestión que de él se hizo en las residencias con la complicidad de la Consellería de Política Social, que consintió a sabiendas la inacción de las residencias y la no aplicación de las medidas profilánticas e higiénicas conocidas y recomendadas desde el primer momento».

Para el colectivo, esta actuación de las residencias «viene siendo conocida a través de las denuncias de familiares en los últimos años y consentida por la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade y el Servizo de Inspección de Maiores e Discapacitados, a los que consideran «cómplices» de la situación creada en las residencias gallegas antes de la llegada del coronavirus y que finalmente derivó en el actual escenario de contagios y fallecimientos.

Desde la asociación indican que estos servicios «tenían la obligación de hacer cumplir la legislación a las residencias, de inspeccionarlas, abrirles expedientes y sancionarlas y no lo hicieron, tenían la obligación de proteger a los mayores y no lo hicieron», sino que al contrario «con su inacción provocaron que se consolidasen y se extendieran situaciones de abandono, negligencia y maltrato, que se trabajase muy por debajo de las ratios obligadas, que se descuidase la limpieza y que, por ejemplo, auxiliares sin la formación apropiada hicieran funciones de enfermería en algunas residencias».

Estos servicios de la Xunta de Galicia «abandonaron sus funciones, dejando a las personas mayores en situación de desamparo e ignoraron sistemáticamente las peticiones de auxilio de los familiares que recurrieron a ellos» -denuncian desde REDE-.

Por estos motivos, desde la asociación instan a la Fiscalía a investigar las actuaciones de la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade e o Servizo de Inspección de Maiores e Discapacitados en los últimos años «y su actuación durante este tiempo en las residencias que presentan casos de contagio entre residentes y/o trabajadores», en algunos casos incluso con la presencia de persoas fallecidas, así como que se solicite a estos departamentos de la Xunta «copia de todas las denuncias recibidas en el último año y medio sobre las residencias citadas, y copia de todas las actuaciones que de ellas se deriven», como las respuestas dadas a las personas denunciantes, las inspecciones realizadas, las aperturas de expedientes y las sanciones de ser el caso.