Tretas, artimañas e irregularidades en favor de la caza

Silvia Barquero
Presidenta de PACMA


Una modificación exprés de Ley de Caza de Castilla y León permitirá dar muerte a miles de animales que, gracias a PACMA y a una decisión judicial, se hubieran librado de las indiscriminadas balas de los cazadores.
La entrada en vigor de esta ley, a pocos días de unas elecciones, es un traje diseñado a medida del lobby de cazadores, es la desesperada decisión que han tomado los partidos defensores de la caza, que frente a una exitosa acción legal del Partido Animalista PACMA, han preferido legislar a sabiendas de que su decisión no cumple con las directivas europeas ni obedece a las decisiones judiciales.
Tras una decisión judicial histórica que revolucionaba a los medios de comunicación el pasado mes de febrero, el Partido Animalista consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizara la caza en esa comunidad de manera cautelar. El Auto judicial constataba que las órdenes de caza no contaban con los estudios científicos necesarios para avalar el estado de las poblaciones de animales en esa comunidad, las zonas de distribución geográfica y la tasa de reproducción de los animales. Estos estudios son condición indispensable para cumplir con los requisitos de la Directiva europea de Hábitats y la Directiva de Aves, cuyo fin es asegurar la conservación de las especies de animales silvestres.
En el Auto mediante el cual se paralizaba cautelarmente esta violenta actividad, que se puede leer aquíse acreditaban múltiples defectos, como el uso de datos de censo de animales de otras Comunidades Autónomas, además de compilar datos de los años 2001 y 2005, totalmente desfasados cuando no descontextualizados.
Cualquier persona o entidad obediente y respetuosa con la ley hubiera rehecho los informes técnicos sobre los que fundamentar la norma para suplir las insuficiencias puestas de manifiesto por el Alto Tribunal; pero no ocurrió así, sino que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Comunidad de Castilla y León se coaligaron para burlar al Poder Judicial mediante la treta consistente en modificar, no las órdenes de caza y los reglamentos, sino la Ley de Caza, hurtando a la potestad del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el control de la legalidad reglamentaria de la Comunidad.
Ilustración de Javier F. Ferrero
Así, pocos meses después de que se decretara la paralización de la actividad cinegética, los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos aprobaban en las Cortes (gracias a la abstención de Podemos) una modificación de la Ley de Caza que permite, tras su entrada en vigor, que los escopeteros anden dando tiros en el monte.
Los políticos han demostrado trabajar al servicio de los intereses de un lobby muy determinado, el de los cazadores, en lugar de velar por el bien a proteger, que tal y como se aducía en el Auto que paralizó cautelarmente la caza, son en este caso, los animales pertenecientes a la fauna silvestre de la comunidad, cuyo daño será irreparable.
Los zorros, corzos y jabalíes abatidos a balazos por los cazadores, serán las víctimas de las decisiones de los políticos que sólo piensan en las próximas elecciones. Cuentan sin embargo, con la clara determinación de las personas que formamos PACMA continuaremos adelante hasta las últimas consecuencias. Pronto tendremos voz en las instituciones europeas. Desde allí denunciaremos las tropelías que se comenten en España.

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