El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado diversos artículos del Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que establece una prestación para parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos laborales de 426 euros, al considerar que deben ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes gestionen la ayuda y no el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como hasta el momento.

El Gobierno indica que ha anulado el programa por invadir competencias autonómicas, ya que es el Servicio de Empleo Público Estatal el que se encarga de la financiación, gestión y pago de esta ayuda, además del reconocimiento o denegación de la misma.

“En contra de lo afirmado por el abogado del Estado, nos encontramos ante unas medidas que intentan incentivar la contratación de desempleados de larga duración en condiciones especialmente vulnerables, a través de acciones de políticas activas de empleo que faciliten su retorno al mercado laboral”, dice el TC

Sin embargo, el fallo del alto tribunal, no afecta a la subsistencia y a la continuación en la concesión de las ayudas económicas, según indica la sentencia, de manera que quienes cobraban los 426 euros lo seguirán haciendo.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2014 tras el acuerdo con empresarios y sindicatos, atribuye al Servicio Estatal de Empleo Público la financiación, gestión y pago de esta ayuda económica, además de la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente beneficiarias de la misma.

El Gobierno prorrogó el pasado mes de abril, hasta el 15 de abril de este año, el Programa de Activación para el Empleo dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios, y que contempla una ayuda de 426 euros mensuales.

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