El presidente de EE.UU., Donald Trump, envió este lunes al Senado las nominaciones de los siete actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, cuyos nombramientos consideró «inconstitucionales» un tribunal en febrero.

De este modo, el presidente trata de cumplir con ese fallo del Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston pero jurisdicción sobre Puerto Rico, que el 15 de febrero concedió 90 días de plazo (hasta el 16 de mayo) para remediar la situación.

Trump nombró para las siete plazas a los actuales miembros de la JFS: José Baldomero Carrión, Arthur J. González, Ana Matosantos, Carlos M. García, José R. González, David Skeel y Andrew George Biggs.

La nominación es para que cumplan con su mandato de tres años para el que fueron designados en 2016 y que culmina el próximo agosto.

En un comunicado, Trump dijo que «el trabajo de la JSF para Puerto Rico está proporcionando la estabilidad y supervisión necesarias para abordar estos problemas crónicos que traerá la esperanza de un futuro más brillante para Puerto Rico».

El fallo del 15 de febrero respondió a un recurso interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la firma de inversiones Aurelius.

El tribunal consideró en su fallo que los miembros de la JSF son funcionarios de alto rango por lo que su designación requiere confirmación del Senado, algo que no establecía la ley «Promesa» de 2016 con la que se creó la junta.

La JSF ha pedido por un lado al Tribunal de Apelaciones de Boston que extienda la fecha límite del 16 de mayo para que sus cargos queden confirmados y por otro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el primer fallo.

Trump se ha quejado en reiteradas ocasiones de que el Senado tarda meses en procesar y confirmar sus nominaciones, de lo que ha responsabilizado a los demócratas.

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