Expertos en derechos humanos de la ONU han recibido repetidos informes sobre las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada para los 1500 detenidos en unos de esos centros. Los migrantes no pueden mantener la distancia física que se necesita para evitar el contagio.

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes indicó este lunes que, para evitar el riesgo de un brote del COVID-19 en los centros de detención de migrantes en los Estados Unidos, el Gobierno de ese país debe aplicar alternativas a la detención en esas dependencias «superpobladas e insalubres».

«Es muy difícil mantener la distancia física necesaria en centros de detención abarrotados. Reducir significativamente el número de migrantes detenidos dejándolos en lugares alternativos puede resolverlo fácilmente», dijo Felipe González Morales.

El experto recordó que ninguno de estos migrantes está pendiente de juicio por causas penales, sino que esperan las resoluciones sobre sus demandas de inmigración, y añadió que los expertos en derechos humanos de la ONU han recibido repetidos informes sobre las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada para los 1500 detenidos en el Centro de Procesamiento del Noroeste, ubicado en Tacoma, en el Estado de Washington.

Esta dependencia está dirigida por una empresa privada, el Grupo GEO, por encargo del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Evitar la propagación de la COVID-19

González Morales y un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a la administración estadounidense y al Grupo GEO que garanticen el acceso a la atención médica, a las instalaciones de agua y saneamiento adecuadas, y que refuercen las medidas para prevenir el brote y la propagación de COVID-19 dentro de las dependencias del Centro.

«Hemos escuchado que faltan medidas de protección para los detenidos, que es imposible mantener la distancia física recomendada y que no se aísla a los recién llegados para su observación médica. Esto plantea graves inquietudes de que el coronavirus pueda propagarse en el centro, en el que se han reportado problemas en la prestación de una atención sanitaria inadecuada y de condiciones insalubres», dijo González.

El relator especial manifestó que la detención administrativa de los migrantes debería utilizarse como último recurso y que las autoridades deben estudiar en primer término medidas alternativas que no comporten la privación de la libertad. Entre ellas recomendaron el alojamiento en comunidades u otras soluciones de asistencia menos restrictivas.

«Las autoridades deben evaluar la posibilidad de adoptar medidas alternativas y rápidamente aplicables en el país y desarrollar un conjunto de criterios para identificar y liberar de inmediato en ubicaciones sustitutivas a las personas en detención administrativa», dijo González Morales.

El experto subrayó que las alternativas a la detención generalizada de inmigrantes en los Estados Unidos también permitirían que estas personas no sean detenidas arbitrariamente.