© Tunisian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

El presidente de Túnez, Kais Saied, debe comprometerse públicamente a respetar y proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, tras haber decretado la suspensión del Parlamento y asumido algunos poderes judiciales, ha afirmado Amnistía Internacional.

El temor de que los derechos humanos estén en peligro ha aumentado tras la alarmante operación de las fuerzas de seguridad contra la oficina de Al Yazira en la ciudad de Túnez y las amenazas proferidas por el presidente en su discurso de recurrir con todo el rigor a la fuerza contra “quienes amenacen la seguridad del Estado”.

Están en peligro las libertades conquistadas con tanto esfuerzo y los avances en materia de derechos humanos derivados del levantamiento de Túnez en 2011, máxime en ausencia de un Tribunal Constitucional que proteja los derechos de todas las personas en el país. El presidente Kais Saied debe garantizar que todo acto que ordene se ajusta estrictamente a las obligaciones de Túnez en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, lo que es más importante, debe abstenerse de llevar a cabo purgas políticas”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El allanamiento de las oficinas de Al Yazira es un indignante ataque contra el derecho a la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante que indica que los derechos humanos están en peligro durante este periodo.”

En un discurso televisado a última hora del 25 de julio, tras una jornada de protestas, el presidente Kais Saied, que es el jefe de las fuerzas armadas, anunció su intención de suspender temporalmente el Parlamento durante 30 días y levantar la inmunidad de sus miembros, y afirmó que presidirá personalmente el enjuiciamiento público de los parlamentarios. Tras su anuncio, el ejército se desplegó para bloquear el acceso al Parlamento.

En su discurso, el presidente tunecino también advirtió que a quien “dispare una bala” contra las fuerzas de seguridad, éstas le responderán con “una lluvia de balas”. En virtud del derecho y las normas internacionales, las fuerzas de seguridad sólo pueden hacer uso de medios letales cuando sea estrictamente necesario, y estos medios deben usarse de forma proporcionada. Las fuerzas de seguridad tunecinas tienen un terrible historial de recurrir a fuerza innecesaria o excesiva del que casi nunca han rendido cuentas.

El presidente Kais Saied también destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, durante cuyo gobierno se observó un grave deterioro de los derechos humanos en Túnez. Durante las manifestaciones de enero de 2021, miles de personas jóvenes fueron detenidas y las protestas fueron dispersadas de forma violenta por las fuerzas de seguridad, que también torturaron a manifestantes bajo custodia. Su gobierno también actuó contra defensores y defensoras y de los derechos y activistas que expresaban opiniones críticas o participaban en manifestaciones pacíficas. El descontento con la respuesta del gobierno a la COVID-19 y con la distribución de vacunas, cuando el país es el segundo del mundo en tasas diarias de mortalidad, dio lugar a una elevada participación en las protestas del 25 de julio.

El 26 de julio, Al Yazira informó de que 20 agentes de policía vestidos de civil y fuertemente armados allanaron su oficina en la ciudad de Túnez, expulsaron a todo el personal y confiscaron sus teléfonos y otros equipos. El cierre de emisoras de televisión o la imposición de restricciones arbitrarias semejantes a los medios de comunicación únicamente por sus aparentes afinidades políticas o de otra índole es una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión.

Kais Saied invocó el artículo 80 de la Constitución de 2014, que según algunas interpretaciones le concede el derecho a tomar medidas excepcionales en caso de “amenaza inminente contra la seguridad e independencia del país”. Este artículo exige que el presidente se asegure de que las medidas garantizan “el retorno, en el plazo más breve posible, al funcionamiento normal de las instituciones y servicios del Estado”, y asume la existencia del Tribunal Constitucional para proteger los derechos humanos. Sin embargo, ninguno de los sucesivos parlamentos ha elegido a los miembros necesarios para constituir el Tribunal Constitucional, trámite que lleva un retraso de siete años.

Amnistía Internacional considera motivo de especial preocupación el anuncio del presidente de que presidirá la fiscalía en los asuntos judiciales relacionados con los miembros del Parlamento, tras levantar su inmunidad.

“La independencia judicial es una de las piedras angulares de las sociedades que respetan los derechos y no debe ser pisoteada. La concentración de poderes en manos del ejecutivo es alarmante. El presidente de Túnez debe respetar todas las garantías relativas procesales de todas las personas y no debe usar sus poderes judiciales para ajustar cuentas políticas ni llevar a cabo purgas de voces críticas”, ha afirmado Heba Morayef.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es parte, prohíbe que los Estados suspendan determinados derechos humanos —incluso en situaciones excepcionales—, lo que incluye los requisitos fundamentales relativos a juicios con las debidas garantías.

Túnez vive una inestable transición democrática desde el derrocamiento de quien fue su máximo mandatario durante mucho tiempo, Zine el Abidine Ben Ali. El país celebró en noviembre de 2019 sus segundas elecciones parlamentarias y presidenciales desde la Revolución de 2011, que llevaron al poder al presidente Kais Saied y dieron lugar a un Parlamento fragmentado, en el que ningún partido logró más del 25% de los escaños. El partido islamista Ennahda ganó los comicios, con 52 de 217 escaños, seguido de cerca por el partido Qalb Tounes. Desde las elecciones se han designado tres jefes de gobierno. Desde hace varios meses, el país está envuelto en una crisis política y en desacuerdos respecto al reparto del poder entre el presidente y el jefe del gobierno, que ejercen poderes ejecutivos en virtud de la Constitución de 2014.

Amnistía Internacional

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