La descarada utilización por parte de Turquía de las conclusiones del GAFI, un organismo de vigilancia de la financiación internacional del terrorismo y el blanqueo de capitales, para apresurarse a promulgar una draconiana ley que ataca a las organizaciones de la sociedad civil es una advertencia para el mundo que debe ser cuestionada, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo documento informativo publicado hoy, en vísperas de la reunión anual de examen del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se celebrará del 21 al 25 de junio.

El documento, titulado Weaponizing counter-terrorism: Turkey’s exploitation of terrorism financing assessment to target civil society (Instrumentalización de la lucha contra el terrorismo: Turquía aprovecha la evaluación de la financiación del terrorismo para atacar a la sociedad civil) revela cómo una nueva ley aprobada con el pretexto de combatir la financiación del terrorismo amenaza con socavar el trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil. La Ley núm. 7262 (Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) introduce nuevas medidas que violan los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como las garantías de justicia procesal reconocidas internacionalmente.

“Esta estrambótica ley que se introdujo a vertiginosa velocidad con el pretexto de combatir el terrorismo es un intento apenas disimulado de incrementar la presión sobre un sector que ya lleva más de cinco años sufriendo una implacable represión”, ha declarado Nils Muižnieks,director de Amnistía Internacional para Europa.

La nueva ley se une al arsenal de leyes antiterroristas de Turquía, muchas de las cuales se utilizan de forma habitual contra defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, y amenaza con incrementar la presión sobre activistas de la sociedad civil que ya se enfrentan al procesamiento y la condena por cargos falsos de terrorismo.”

Durante su próxima reunión plenaria, el GAFI examinará el cumplimiento por parte de Turquía de la evaluación realizada por el Grupo en su informe de 2019, en el que halló que Turquía sólo “cumplía parcialmente” su recomendación sobre la financiación del terrorismo y los riesgos potenciales relacionados con el sector de las entidades sin ánimo de lucro.

Según recomendaba el GAFI Turquía debía “aplicar un enfoque centrado y basado en los riesgos, así como medidas proporcionadas de reducción de riesgos, a las organizaciones sin ánimo de lucro identificadas en situación de riesgo de ser utilizadas de manera indebida para la financiación del terrorismo”.

La respuesta de Turquía fue tramitar precipitadamente en el Parlamento la nueva ley, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020, sin consulta alguna con la sociedad civil.

La ley va mucho más allá de lo que exige el GAFI, y sus disposiciones, excesivamente amplias e imprecisas, desvirtúan el principio de legalidad de una forma que amenaza con erosionar aún más el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como todo un abanico de derechos humanos más.

Las numerosas ambigüedades que presenta la nueva ley dejan abierta la posibilidad de que se utilice indebidamente contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que se dedican a la defensa y la promoción de los derechos humanos. El GAFI establece una evaluación de riesgos para que los Estados la apliquen al sector de las organizaciones sin ánimo de lucro a fin de identificar riesgos relacionados con la financiación del terrorismo y aplicar medidas para reducirlos cuando sea necesario. La nueva ley de Turquía, por el contrario, somete a todas las organizaciones sin ánimo de lucro a las mismas y desproporcionadas medidas de reducción de riesgos, incluidas las organizaciones que no corren peligro de estar expuestas a verse implicadas en la financiación del terrorismo. La Ley núm. 7262 impone onerosas auditorías a todas las organizaciones sin ánimo de lucro, e incluye disposiciones que obstaculizarían cualquier actividad de recaudación de fondos online sin una justificación basada en el peligro real.

También incluye disposiciones que permiten la suspensión de personal y miembros de la junta directiva, así como la disolución de las propias organizaciones sin salvaguardas judiciales adecuadas y efectivas. Aunque en el texto legal las medidas de suspensión se describen como “provisionales”, los procesamientos por terrorismo en Turquía suelen durar muchos años. Apartar a personas de su labor en la sociedad civil durante largo tiempo puede constituir en sí mismo una medida punitiva, y tendrá un profundo efecto disuasorio en la sociedad en general.

La aparición de esta ley coincide con el ataque de las autoridades turcas contra actores independientes de la sociedad civil. El actual procesamiento de Osman Kavala, destacada figura de la sociedad encarcelada, y la sentencia condenatoria del presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y otras tres personas defensoras de los derechos humanos en la “causa de Büyükada”, son casos emblemáticos de la determinación de las autoridades turcas de aplastar a la sociedad civil, que ponen al descubierto hasta qué punto se han instrumentalizado las medidas antiterroristas en Turquía contra oponentes políticos, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

La gente teme ser señalada como “terrorista” o que su trabajo legítimo se considere una “amenaza para la seguridad” y esto ha tenido un efecto disuasorio y reduce el espacio para la libre expresión y asociación. Durante el estado de emergencia declarado entre 2016 y 2018, más de 1.300 asociaciones y fundaciones y más de 180 medios de comunicación fueron clausurados permanentemente por decretos ejecutivos debido a inespecíficos vínculos con organizaciones “terroristas”.

“Utilizar las exigencias del GAFI como excusa para atacar a las personas críticas y silenciar la disidencia establece un peligroso precedente del que tomarán buena nota muchos otros gobiernos de todo el mundo que tratan de silenciar a sus propios críticos”, ha afirmado Nils Muižnieks.

“En su reunión de la semana que viene, el GAFI no sólo debe reconocer estas consecuencias no deseadas, sino también tomar medidas concretas para corregirlas. No hacerlo sería una abdicación de sus responsabilidades que podría significar un desastre para la sociedad civil, tanto en Turquía como en otras partes del mundo.”

Información complementaria

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es una organización intergubernamental cuyo mandato es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y combatir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En febrero de 2021, el GAFI presentó un nuevo proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas de la aplicación incorrecta por parte de los Estados de sus recomendaciones y normas. El proyecto examina la supresión de las organizaciones sin ánimo de lucro consecuencia de que los Estados no apliquen su enfoque basado en los riesgos, así como las amenazas que para los derechos humanos supone el uso indebido de sus normas.

Según la Global NPO Coalition on FATF (Coalición Mundial de Organizaciones sin Ánimo de Lucro sobre el GAFI), que monitorea los países que han impuesto restricciones indebidas a la libertad de asociación por temores relativos a la financiación del terrorismo, Albania, Bangladesh, Camboya, Pakistán, Sri Lanka y Venezuela también han utilizado las normas del GAFI para atacar a la sociedad civil.

Amnistía Internacional

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