Las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía se han saldado con una doble victoria de Recep Tayyip Erdogan. Con el 52,5% de los votos, no precisará de segunda vuelta para el ser primer super-presidente del país con la nueva Constitución concentrando poderes políticos, económicos y judiciales y debilitando gravemente el control parlamentario. También contará con mayoría absoluta en la Gran Asamblea Nacional, con una cifra muy similar de votos al añadir al 44% de los sufragios de su partido AKP el 11% de su socio en Alianza Popular, el partido ultranacionalista MHP.
Las elecciones han sido muy competidas, con un 87% de participación, el dato más alto desde 1987, pero no han sido justas, como ha reconocido la misión de observación de la OSCE PA que las ha calificado como “no equitativas” en su informe preliminar. Hay que recordar que la cita electoral se ha celebrado cuando el estado de excepción y la gran purga de opositores, con restricciones en libertad de expresión y reunión que aún duran tras el golpe de Estado en 2016, cumplen casi dos años de duración; por el desmedido uso de medios de comunicación estatales por parte de Erdogan (181 horas de su campaña frente a las 15 para el candidato del CHP en la televisión pública); por la prisión del candidato presidencial, Selahattin Demirtas, del HDP; y por varios incidentes señalados por las misiones electorales.
Lamentablemente, el hecho de que la extrema derecha nacionalista del MHP sea socio imprescindible en el Parlamento augura nuevamente fuertes tensiones contra los derechos de las poblaciones kurdas en Turquía y otros países.
El nuevo Gobierno español debe enterrar la etapa de connivencia sin críticas ni menciones a las violaciones de derechos en Turquía del Gobierno del PP con episodios tan vergonzosos como la detención de dos escritores europeos de origen turcos acusados de delitos de terrorismo por publicar artículos de opinión. La persecución a partidos políticos y asociaciones de derechos humanos debe cesar inmediatamente, Turquía debe garantizar juicios justos a las personas detenidas y liberar a aquellas personas injustamente encarceladas; respetar democráticamente los derechos de las mujeres y la pluralidad del país; no avalar la doctrina turca de invasiones militares y bombardeos en otros países y cesar la colaboración en la misión militar “Active Fence”, único país que lo hace tras la retirada de otros países de la OTAN, en la base de Inçirlik.
La Unión Europea debe reorientar su política hacia Turquía, que en 15 años ha pasado de la influencia en el país a la presión turca, pese a ser el sexto socio comercial en intercambios bilaterales, y abandonar la política de subcontratación de fronteras y contención de personas refugiadas y migrantes del Acuerdo UE-Turquía de 2015. Es urgente poner en marcha nuevos proyectos para la vecindad europea basados en el diálogo y la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los derechos.
