Una delegación de la Unión General de Trabajadores, encabezada por el Secretario General, Pepe Álvarez, se ha reunido en el día de hoy con la Presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (AAVVE), Arancha Mejías, en relación a la venta irregular, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 1.860 viviendas al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone.

Una venta que provocó que todos los propietarios y propietarias fueran privados del derecho de renovar su contrato de arrendamiento y permitió al fondo buitre comprar estas viviendas por menos de 60.000 euros y venderlas por cinco veces más de su precio o alquilarlas de manera abusiva.

Para la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, que ha participado también en la reunión, estos fondos buitres “están acosando a los propietarios y propietarias con subidas continuas y abusivas de precios de la vivienda y de alquileres que están imposibilitando que tengan una vida digna”.

Por ello, desde UGT “les hemos lanzado un mensaje de apoyo en la línea de la defensa de una política de vivienda que consiga que ésta sea un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas”.

En este sentido, ha considerado imprescindible que “se cree un parque potente de vivienda social, que invierta la tendencia al abuso de los alquileres y de los precios de la vivienda que existe en la actualidad y que impida que los ciudadanos sean extorsionados por esta política de aumento de precios que imposibilita que los trabajadores y trabajadoras tengamos una vida digna”.

La justicia tiene que actuar

De la misma forma se ha manifestado el Secretario General de UGT-Madrid, Luis Miguel López, que no entiende cómo la justicia no ha actuado “en base a una malversación de caudales públicos, con viviendas sociales y públicas pagas con dinero público, y es el fondo buitre el que compra estas viviendas por un precio ínfimo y lo vende por cinco veces más, lo cual nos parece un despropósito”.

Por ello, ha mostrado la disposición de UGT a “apoyar a estos afectados y afectadas con movilizaciones, concentraciones y de manera jurídica también. Se tiene que devolver el dinero que se ha cobrado de más a estos vecinos y vecinas y devolverles a los primeros contratos para que puedan comprar su vivienda si así lo desean”.

Un problema colectivo que se tiene que solucionar

Por su parte, Arancha Mejías ha considerado que “este es un problema colectivo que lo estamos afrontando de manera individual. Tenemos que luchar y trabajar de manera conjunta en una línea política, jurídica y social”.

En este sentido, ha afirmado que “los afectados y afectadas son fieles pagadores de sus rentas y han visto cómo sus pisos se han vendido muy por debajo del precio del mercado y ahora se venden por mucho más dinero o se alquilan de manera desproporcionada”.

Además, ha mostrado su “desesperanza con los jueces y las instituciones públicas porque, de momento, no están solucionando este problema. Estas viviendas las hemos pagado todos, los afectados y afectadas con sus alquileres y el resto de ciudadanos y ciudadanas con nuestros impuestos. Se debería actuar hasta el fondo para poder regularlo y darnos la posibilidad de tener una vida digna”.

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