El presidente de la asociación ultraderechista Projusticia, Francisco Zugasti, ha sido condenado a siete meses de prisión por el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid por un altercado con la autoridad en los aledaños del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero.
Según la sentencia de la juez Margarita Valcarce de Pedro, el acusado no se habría retirado del perímetro de seguridad, “se alteró” e insultó a uno de los agentes «en tono despectivo», según dicta la sentencia. Zugasti llegó a golpear al agente «en dos ocasiones en el pecho», por lo que este «procedió a reducirlo» utilizando una fuerza mínima, según indica El Plural. La Fiscalía pedía 20 meses de prisión, pero la pena se ha reducido a seis.
El acusado señala que solo acudió con roscón y matasuegras «a celebrar el fin de año» a las puertas del chalet junto a otros vecinos y que en ningún momento agredió a las autoridades.
Nula credibilidad al ultraderechista
Las pruebas presentadas ante la magistrada han servido para dictaminar la condena, otorgando nula credibilidad a los testimonios de Zugasti.
“Esa no es la forma de dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más cuando los mismos se hallan realizando su trabajo y tras haber sido denunciado en otras ocasiones por estas mismas faltas de respeto a los agentes”, recoge el escrito.
Zugasti, reincidente
El ultraderechista es conocido por acudir a manifestaciones feministas con un cartel en el que se puede leer «Stop Feminazis». Entre sus actuaciones destacan su altercado en la Universidad Complutense, previo a una charla en la que iban a participar Vox y Hazte Oír. El acusado empujó al decano de la Facultad de Derecho y le rompió la camiseta.
En otra ocasión denunció al expresidente del Gobierno, José Luiz Rodríguez Zapatero y su esposa «por maltrato doméstico» a sus hijas, al consentir su «sobrepeso» y llevarlas a visitar a Obama «ignorando sus modestos resultados académicos».
En 2019 se vio afectado como presidente de la asociación Projusticia en una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por incumplimientos en materia de contratación temporal, tiempos de trabajo y descanso.
