Uno de los factores que más competencia introduce en un sector tan cerrado son las llamadas estaciones de servicio automáticas o desatendidas, también conocidas popularmente como fantasmas. La forma más fácil de maximizar beneficios de estas multinacionales no es crear precariedad como otras, es directamente no pagar sueldos.
Las gasolineras automáticas son aquellas en las que el suministro de carburantes al vehículo lo realiza el usuario directamente, incluyendo tanto el repostaje físico (como ocurre con las de autoservicio) como el pago y, por tanto, no cuentan con personal para realizar estas funciones.
El número de estas gasolineras está creciendo exponencialmente y de las 11.646 estaciones de servicio que hay en el país, 882 ya son automáticas, un 7,5% del total.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indica que contar con una persona en las instalaciones es una “imposición especialmente injustificada”. Lo cierto es que la ausencia de personal en las gasolineras provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son correctas, que los surtidores funcionan correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones, e implica mayores tiempos de reacción del responsable de la estación ante incidencias que puedan afectar a la salud o seguridad de las personas.
Resulta indignante la defensa que la CNMC hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo.
Los argumentos falaces usados por Competencia en su análisis son criticados por asociaciones y usuarios: dice que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso son “un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.
Que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad, es vergonzoso e indignante.
Dados los niveles de desempleo que hay en España, que la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores, desenmascara la parcialidad de la institución, ya que solo protege a las empresas.
Las autoridades nacionales y autonómicas deben primar la protección de los consumidores y la seguridad, acabando con este tipo de negocio pensado únicamente para aumentar los beneficios de las multinacionales sin dejar poso a la sociedad.
