Elena Solis
Miembro de Ecologistas en Acción. Licenciada en Derecho y Máster en Ecología Forense
A escasa distancia del centro de la ciudad, en el lugar de ocio y paseo de los cacereños, una minera australiana novata, de la mano del brazo minero del grupo español Sacyr y las autoridades extremeñas, ha estado insistiendo en los dos últimos años en explotar una mina a cielo abierto de 300 metros de profundidad y un kilómetro y medio de diámetro, junto con una planta de tratamiento con balsas tóxicas del tamaño de los pantanos cercanos. Para hacernos una idea, solo existe una mina así en el mundo, que esté tan cerca de una ciudad, es Cerro del Pasco en Perú.
La “maldición de la abundancia”, un concepto (1) que denuncia el empobrecimiento gradual de los territorios con recursos naturales, tomará su curso y hará que se deteriore la ciudad de Cáceres, la salud de sus habitantes, su actividad económica, el turismo y su universidad. Y esto porque, aparte de la erradicación de la masa forestal en la Montaña de Cáceres, el único pulmón de la ciudad, en los próximos 30 años, las continuas voladuras, el tratamiento del litio por tostación, lixiviación y flotación, intoxicarán el aire que fluye hacia la ciudad, el hospital y la universidad, así como el agua que corre montaña abajo hasta el famoso acuífero de la ciudad.
Sin embargo, este despropósito de proyecto que representa la planeada mina de litio de Cáceres parece ser absolutamente esencial para elaborar las baterías de los coches eléctricos con los que ya se está implementando la descarbonización de Europa.
Concretamente, la Unión Europea (UE) y su larga política de busca y captura de “materiales estratégicos” como el litio, cobalto, níquel o cobre, “necesarios para ecologizar Europa”, ha desplegado una serie de estrategias de persuasión y justificación moral alrededor de la inevitabilidad de abrir más minas en Europa si queremos llevar a cabo una “revolución” verde. 
En realidad, la política de materiales críticos de la UE y su implantación por las administraciones autonómicas, en el caso de España, lo que están haciendo es obtener “la licencia social” para que el aparato minero se abra camino en los territorios elegidos sin dificultad. Son estos mismos funcionarios públicos los que, por otro lado, ocultan las consecuencias de desposesión, devastación natural y saqueo de fondos públicos que conllevan dichas operaciones. Por tanto, uno se tiene que preguntar la razón por la cual, dentro del programa de desarrollo económico de la UE llamado Horizon 2020, no hay ningún estudio publicado sobre el impacto socio-ambiental de los proyectos de investigación de minería terrestre o marina que están siendo financiados por la UE.
Pero es que además, el aparato político-minero también ha desplegado una serie de discursos para minar a la masa social crítica de proyectos como el de Cáceres. Se les denomina “egoistas” porque defienden el territorio donde viven y no quieren proyectos en su patio trasero (“not in my back yard”) que originen mas minas fuera de Europa, en países donde la minería se hace menos “sosteniblemente”.
¿Dónde ubicamos a España en ese respecto. Un país donde confluye una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de permisos mineros con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de conglomerados mineros/financieros como Sacyr?
La realidad es que la expansión de la minería, fruto de la financiarización y el capitalismo salvaje y caníbal, sigue adquiriendo nuevas fronteras y avanzando indiscriminadamente y globalmente en todos los continentes. Ahora también en los fondos marinos y cerca de costas como las de Málaga y Canarias.
Igualmente, uno tiene que cuestionarse por qué, el Acuerdo de París de 2016, en el que uno de sus principales objetivos es la descarbonización, ha prestado poca atención a la extrema escasez de los recursos minerales que se utilizarán para las diversas tecnologías energéticas renovables; y cero atención a las desastrosas consecuencias humanas e ambientales que extraer y producir tales materiales va a tener en los ciudadanos del mundo.
Es del todo inaceptable, además, que incluso organizaciones ambientales como Transport & Environment, hayan unido fuerzas con asociaciones europeas como la del automóvil (ACEA), o la de eléctricas (Eurelectric) para impulsar el coche eléctrico, y defienda que para que no haya restricciones de suministro de materiales para la descarbonización se puedan abrir mas minas, siempre y cuando, eso sí, sean “sostenibles”, como la mina de litio de Cáceres (2).
La respuesta de la Plataforma Salva la Montana de Cáceres no se hizo esperar: ¿A qué se le llama “sostenible”? ¿Por qué tienen que ser las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería necesaria para la descabonizacion? También, en el mismo informe, Transport & Environment habla de reservas de litio para 185 años. Esto no es lo que ha confirmado un estudio de la Universidad de Valladolid (3), el cual concluye que una extracción y consumo masivo de materiales como el litio hará que en el espacio de unas pocas décadas se produzca su agotamiento.
Lo que sí deja claro la trayectoria, de funcionarios públicos y ONGs europeas, de obviar la cara oculta de la descarbonización, es que fuertes oposiciónes ciudadanas tienen lugar y no están siendo escuchadas, como ha sido la larga y extraordinaria movilización de los ciudadanos de Cáceres.
La presión que está sufriendo la ciudadanía de Cáceres en los últimos meses se está haciendo casi insoportable. En otro intento de ofensiva propagandística, la minera ha fichado a una ex ejecutiva de relaciones públicas de Google. Desde entonces, se han publicado artículos donde la minera alardea de haberse reunido con Pedro Sánchez, y otros ministros y declarar que estos ven con buenos ojos el proyecto (4).
Las cuerdas de Bruselas parecen también haberse tocado: se anuncia que el vice-presidente de la Comision europea, Maroš Šefčovič, ha respaldado públicamente el proyecto del litio de Cáceres en Bruselas.
Más grave aún es el intento desesperado de llamar al orden a la ciudadanía opositora del proyecto, a la que se ha acosado, llamando y mandando correos electrónicos de manera insistente a diferentes miembros de la Plataforma Salvemos la Montana (sin éxito), para que se reúnan con la minera (5).
El último movimiento de la minera ha sido fichar como director no ejecutivo a Felipe Benjumea, exdirectivo de la compañía andaluza de energía Abengoa y procesado por administración desleal (6).
Todo lo anterior está creando un círculo perverso que oprimen a la ciudad y sus habitantes: el impulso ciego y desmedido del coche eléctrico por la UE y ONGs europeas, la retórica de la necesidad de sacrificar la vida de los cacereños como parte de tal iniciativa, los extraños encuentros entre mineros y políticos, y la agresiva campaña de relaciones públicas y acoso a la ciudadanía por parte de la minera.
Por lo tanto, ignorar el evidente nexo entre descarbonización y el aumento de injusticia socio-ambiental es extremadamente peligroso e irresponsable.
1 AlbertoAcosta: https://www.scribd.com/document/365446533/ACOSTA-Extractivismo-y-neoxtractivismo-dos- caras-de-la-misma-maldicion-pdf
3 Conclusiones preliminares del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid (GEEDS) e informe de Earthworks: https://earthworks.org/publications/executive-summary-responsible-minerals-sourcing-for-renewable- energy/;https://earthworks.org/media-releases/report-clean-energy-must-not-rely-on-dirty-mining/
6 https://elpais.com/economia/2017/01/13/actualidad/1484308498_682328.html
