El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, Jose María Espejo-Saavedra, ha asegurado que sus compañeros independentistas en el órgano de gobierno manifestaron que «no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Tribunal Constitucional» porque el «TC no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos».

Espejo ha comparecido este martes como testigo en el juicio del «procés» a petición de la Fiscalía por ser miembro de la Mesa de la cámara catalana que tramitó todas las iniciativas relativas al 1-O.

El diputado de Ciudadanos ha recordado que todos los miembros de la Mesa fueron advertidos de las consecuencias penales de incumplir con los requerimientos del Constitucional respecto al referéndum, suspendido ya entonces.

«Hubo mucho debate y fue muy intenso», ha señalado pero «los miembros de la Mesa que eran proclives a admitir estas iniciativas venían a decir que no tenían por qué hacer caso a las advertencias del TC, porque implicaba ser un órgano censor y el TC no estaba por encima de las mesas de los parlamentos».

Espejo-Saavedra, que advirtió a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell de que tramitar las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, el 6 y 7 de septiembre de 2017, iba en contra de las instrucciones del TC, ha denunciado que los independentistas de la Mesa hicieron oídos sordos a sus avisos y «retorcieron» el reglamento de la cámara para seguir adelante con su «plan».

«Era palmario y evidente que se estaban admitiendo a trámite unas iniciativas parlamentarias que estaban en frontal oposición con lo que había ordenado el Constitucional y los letrados del Parlament nos lo estaban advirtiendo», ha apuntado.

Según el testigo, era «evidente» que existía un «plan» por parte de los independentistas para aprobar todas las leyes que permitiesen celebrar el referéndum, sorteando los «muchos obstáculos» que había desde el punto de vista parlamentario y constitucional.

Espejo ha manifestado que «la Mesa no es un órgano político sino gubernativo, que debe cumplir el Reglament, el Estatut y la Constitución», lo que contradice las afirmaciones de Forcadell y que hoy ha asumido el actual president, Roger Torrent, de que ese órgano es puramente político y no podía inadmitir las propuestas salvo por cuestiones de forma, es decir, que no tenía poder ejecutivo.

Igualmente, ha desmentido lo manifestado por Forcadell respecto a la tramitación de las leyes de desconexión – que ella defendió a capa y espada cumpliendo la normativa vigente- al señalar que los grupos independentistas pretendían admitirlas a trámite «de manera irregular» para lo cual «se decidió suprimir todos los tramites, retorciendo absolutamente el reglamento del Parlament».

Tras intentar una reforma de la cámara, que fue suspendida, los independentistas optaron por un «cambio sorpresivo» del orden del día del pleno del 6 y 7 de septiembre, para aprobar ambas leyes, ante lo que los grupos constitucionalistas «se dejaron la piel» para intentar frenarlo, por su «evidente inconstitucionalidad» y por el «peligro social» que ello estaba causando, según el testigo.

La tramitación y aprobación, tras jornadas maratonianas de hasta 16 horas que no se recuerdan en el Parlament, se hizo así para «evitar que entre la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día se pudiera actuar jurídicamente», es decir, ser suspendida por el TC.

Espejo ha explicado que «en un solo día se calificó la iniciativa, se admitió, se debatió, se votó y se aprobó», aunque, como ha precisado, «ya en un julio» se veía que «las cosas iban a ir de esta manera» pues solamente faltaba ver «cuándo se apretaba el botón para poner el mecanismo en marcha».

Así quedó demostrado, ha apuntado, por la «efervescencia de público» en la tribuna, lo que demuestra que «eran de público conocimiento que eran los días elegidos para llevar a cabo este paso».

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