Según un documento que publica este martes en exclusiva El Confidencial, Juan Carlos I estaría directamente implicado en la gestión de una estructura «offshore» que, supuestamente, le habría servido para ocultar los 64,8 millones de euros de Arabia Saudí.
Tal y como señala el medio, en los estatutos de la sociedad panameña Lucum Foundation aparece la firma del rey emérito que figura como «primer beneficiario». El «segundo beneficiario» de la fortuna sería su hijo el rey Felipe VI.
Lucum Foundation fue creada en Panamá el 31 de julio de 2008 por el gestor financiero Arturo Fasana y el abogado Dante Canonica, que actuarían como presidente y secretario de la mercantil respectivamente. Según el documento, Lucum Foundation fue constituída para actuar como pantalla de una cuenta en suiza en el banco Mirabaud y en la que unas semanas después se ingresó una donación de 64.84.405 euros procedente del rey de Arabia Saudí «en favor del Rey de España».
En marzo de 2011 Arturo Fasana y Dante Canonica formalizaron un acta para dejar constancia de que el titular de la fundación y de ese dinero era Juan Carlos I, que gozaría de plenos derechos para «disponer libremente, durante su vida, de los activos de la fundación sin limitación ninguna». Si Juan Carlos I fallecía el dinero debía ser conservado por su hijo, en aquel momento Príncipe de Asturias y si este fallecía también quedaba designado como «tercer beneficiario» el/la “heredero/a del trono español”.
Aunque tal y como indica el documento, el segundo beneficiario tendría el derecho de disponer de todos los activos de la fundación, sin limitación alguna, debía respetar algunas condiciones y estos fondos debían ser usados para garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española al completo y los posibles nuevos miembros, como los futuros hijos de las infantas Elena y Cristina.
La rúbrica de Juan Carlos I aparece en las tres hojas del documento por lo que el rey emérito no solamente estuvo al tanto de la creación de la sociedad sino que incluso participó en la creación de los nuevos estatutos en 2011.
En septiembre de 2012 la sociedad fue disuelta y el monarca, que apenas había tocado los fondos, decidió transferir la cantidad restante a Corinna Larsen, quien declaró que Juan Carlos I le dio ese dinero por gratitud y no con el fin de esconderlo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió hace un mes la investigación del papel del rey emérito en la adjudicación a un grupo de empresas españolas el proyecto de construcción del AVE a La Meca por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales y aunque mientras fue jefe de Estado gozaba de inviolabilidad, la investigación se centrará ahora en los posibles delitos cometidos con ese dinero tras su abdicación.
El pasado marzo, Zarzuela emitió un comunicado para asegurar que Felipe VI nunca tuvo conocimiento de que figurara como “segundo beneficiario” y además desveló que había enviado una carta a su padre renunciando a toda relación con Lucum Foundation, “manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés”.
