El Consello da Cultura Galega urge al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a establecer una moratoria en la autorización de nuevos proyectos para revisar el Plan Sectorial Eólico.
Aunque este organismo consultivo de la Administración «valora positivamente» el despliegue de las renovables en Galicia considera que «la manera en la que se está desarrollando resulta negativa» ya que «afecta a los paisajes, al medio ambiente y al patrimonio». Por eso el informe pide, en primer lugar, la revisión del actual Plan sectorial eólico de Galicia (creado en 1997) para que se someta a una evaluación ambiental estratégica que tenga en cuenta parámetros como: las Directrices del paisaje, la protección del valores culturales del territorio (fijados por otra ley, la de patrimonio cultural) y atender a los valores naturales de unos espacios que aún no fueron incorporados a la Red Natura. Y para poder hacer esa revisión, el informe asegura que urge solicitar una moratoria en la autorización de parques, tanto los ya en trámite como en las nuevas solicitudes, para corregir defectos. Sustenta su afirmación en dos principios ambientales que deben ser señalados como justificación jurídica de esta propuesta: el principio de precaución, es decir, peligro de daño grave o irreversible sobre los espacios; y el principio de no regresión ambiental, que implica una rebaja de los niveles de protección ambiental existentes.
El informe, realizado en el marco de las competencias del CCG como ente consultivo, fue elaborado por una comisión técnica temporal creada al efecto coordinada por Rebeca Blanco- Rotea e integrada por el jurista Carlos Amoedo Souto, el arqueólogo David Barreiro Martínez, la arquitecta Teresa Nieto Freire, el geógrafo Augusto Pérez Alberti, el economista Xavier Simón y el arqueólogo Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez. Además, la institución muestra su buena disposición para «debatir y colaborar para conciliar el interés de la energías renovables y la salvaguarda del patrimonio cultural».
El texto considera que «la instalación de los parques eólicos supera la capacidad de carga del sistema natural, que rompe con la imagen del paisaje tradicional y con la memoria colectiva de sus habitantes«. Por esos motivos también insta a salvaguardar «lugares que tienen valor por su riqueza natural, cultural, paisajística, etnográfica o histórica».
Entre las medidas que solicita el documento está la necesidad de ampliar y definir con precisión el espacio relativo a la Red Natura pues solo el 12% del territorio gallego está reconocido como tal, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en torno al 27% del territorio.
LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS COMO FUENTE DE CONFLICTO SOCIAL
El informe también se adentra en el origen del conflicto social que subyace tras la autorización e instalación a gran escala de este tipo de proyectos energéticos. Explica que el crecimiento actual de peticiones de solicitudes de parques eólicos se produce desde 2018 por cambios de ámbito regulatorio. El primero de ellos fue la ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, que apuntó el camino de la liberalización del sistema, al eliminar cualquier trazo de competitividad entre promotores. Con esta ley, según el texto, “desaparecen las convocatorias anuales de potencia para instalar, se esfuman los criterios sociales y económicos como determinantes para la decisión de a quién asignar nueva potencia y se diseña un mecanismo liberalizador que garantiza el inicio del procedimiento administrativo de admisión y autorización sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida socioeconómica a la sociedad gallega”.
El segundo fue la Ley 9/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que establece excepción a las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico. Eso implicó, según el informe, “que desde este momento todas las tierras rústicas de Galicia sobre las que no exista figura de protección ambiental podrán albergar parques eólicos”. Esa ley solo tuvo en cuenta a idoneidad de las localizaciones desde el punto de vista eólico y no las de carácter paisajístico ni los valores relacionados con el patrimonio cultural y natural. Por tanto, mantiene el documento, “no adapta las directivas europeas de impacto ambiental” y, además, elimina el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El texto recuerda que «una gran cantidad de patrimonio cultural del país está en suelo rústico, permanece oculto y, por tanto, no está incorporado en ninguno de los inventarios o instrumentos de protección que reconoce la Ley del patrimonio y, al no existir informe específico, corre riesgo de desaparición».
ANOVA PIDE EXPLICACIONES A FEIJÓO Y SU EJECUTIVO
«Feijóo tiene que salir a dar explicaciones«. Así ha sido la reacción del portavoz nacional de Anova Antón Sánchez, que en una nota de prensa emitida tras conocerse el informe del Consello da Cultura Galega afirma que las conclusiones del mismo «son demoledoras» con las políticas del PP en este sentido, «están llenas de sentido común» y coinciden plenamente con lo que la formación viene reclamando desde hace años.
“Un nuevo Plan Eólico adaptado la estos tiempos, su evaluación ambiental estratégica, una verdadera participación pública o la ampliación previa de la Red Natura son reivindicaciones que se vienen realizando en los últimos años para evitar la depredación del territorio» -añade-.
Para Anova, la presentación del informe “Energía eólica y paisajes culturales” por parte del Consello da Cultura Galega «deja al desnudo la desprotección del paisaje, del patrimonio y de la biodiversidad que las políticas en el sector eólico del Partido Popular provocan en nuestro país», además con unhas conclusiones «demoledoras» porque «proponen medidas que son un mínimo imprescindible para una política eólica sostenible y no depredadora».
La organización política indica que el texto señala lo evidente, que el Plan Sectorial Eólico de 1997, modificado por última vez en 2002, «está obsoleto» y no ha pasado por un procedimiento de evaluación ambiental estratégica que valore el efecto conjunto del despliegue de parques previsto. Por este motivo, coinciden plenamente con lo afirmado por el CCG, considerando que es urgente la paralización de la instalación de proyectos mientras no se revise esta normativa.
De igual manera, el documento del CCG también coincide con otra reivindicación histórica de Anova que es la previa ampliación de la Red Natura, que está paralizada por el PP «para defender los intereses del oligopolio que controla el negocio eólico», con el objetivo de que «no se vaya a una política de hechos consumados de ocupación de hábitats que deberían de estar protegidos».
La participación pública, limitada por leyes aprobadas a la medida de las eléctricas, es otra de las exigencias recogidas en el informe junto con la advertencia del posible efecto de discontinuidad de hábitats provocada por la ubicación de parques en los límites mismos de la Red Natura.
Sin embargo para Anova, «lo que debería ruborizar» al Ejecutivo de Feijóo es que «el informe advierte contra la práctica fraudulenta de la fragmentación de parques para evitar exigencias ambientales» considerando que «estas y otras medidas propuestas contenidas en el informe son sensatas sí se busca defender el interés general».
Por estos motivos, Anova exige que Feijóo dé la cara y «salga a dar explicaciones y se comprometa a rectificar su política de connivencia con las eléctricas que entrega el país para su negocio».
