El alto comisionado de las Cortes Generales afirma en su escrito que el Gobierno gallego “ha actuado deficientemente” en los terrenos de la antigua mina y advierte de la gravedad de la situación en lo que a la contaminación del agua se refiere en una explotación que está funcionando “sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas”.
En el citado informe, remitido a la Asociación Tralapena y al que ha podido acceder contrainformacion.es, la Oficina del Defensor del Pueblo hace referencia que “bien por no declarar la caducidad de la explotación, o bien por no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes de labores anualmente” la Xunta de Galicia ha actuado de manera deficiente, contradiciendo los argumentos presentados desde la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) para defender el proyecto.
El organismo recuerda que la actividad extractiva del cobre produce fuertes impactos sobre el entorno. Además del uso intensivo y en grandes cantidades de recursos hídricos (lo cual puede producir alteración de los niveles de las aguas subterráneas), “pueden producirse filtraciones de aguas ácidas a los rios o al suelo desde las escombreras o presas de residuos, con la consiguiente afección a la vegetación y la fauna”. Por otra parte, los drenajes de la mina contienen también metales pesados como cadmio, plomo o cromo, “que en grandes concentraciones son nocivos para el medio ambiente y la salud”.
El Defensor insiste en que pese a que se han presentado hasta cinco planes de restauración, “ninguno ha sido aprobado por el órgano minero”, y que “la Administración no ha acreditado que haya exigido su cumplimiento íntegro”, criticando que la Xunta no haya ejercido de manera eficaz durante estos años sus competencias en materia de inspección y sancionadora, dado que la Consellería de Economía no ha inspeccionado la actividad “en cinco de los últimos diez años”.
Además, el ente recuerda al Gobierno gallego que “no puede sostenerse como hace la Consellería de Economía que lo que actualmente se tramita es una mera modificación del proyecto de aprovechamiento”, dado que “la modificación de la extensión y delimitación de los terrenos donde va a realizarse la explotación minera supone necesariamente la modificación de la concesión” repercutiendo en las condiciones de explotación “y por tanto en el contenido esencial de la concesión y los derechos mineros que otorga”.
Por estos y otros motivos, el Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que desestime el proyecto si prevalecen intereses públicos y la necesidad de impulsar la tramitación del Plan Sectorial de Actividades Extractivas.
INMEDIATA REACCIÓN DESDE EN MAREA
Desde En Marea la reacción no se ha hecho esperar. Antón Sánchez, viceportavoz parlamentario de la formación, ha vuelto a exigir que la Xunta desestime del nuevo plan extractivo en Touro, calificándolo de “proyecto aberrante que sólo se explica por la actitud de connivencia del PP con las grandes empresas”, una Administración “que no trabaja a favor del interés público” y actúa “demostrando desprecio por la legalidad, el medio ambiente y el interés social”.
El también portavoz nacional de Anova ha insistido en la necesidad de aprobación del Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, puntualizando que es preciso un instrumento de planificación “que diga dónde se pueden instalar minas y dónde son incompatibles con la actividad ganadera, el turismo o la economía” y que garantice su compatibilidad con la protección del medio ambiente, la conformidad con la ordenación territorial y los usos del suelo y con la ponderación “de los distintos intereses que concurren en el desarrollo económico y social de un territorio”.
DIMISIÓN DE ÁNGEL BERNARDO TAHOCES
Del mismo modo, Sánchez ha reiterado la petición de dimisión del director xeral de Industria, Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces, que sigue imputado por un caso de presunta prevaricación ambiental en la mina de San Finx en Lousame (A Coruña), pues a su juicio se está demostrando que lo que ocurre a nivel minero en Galicia “no son casos aislados, sino que responden a décadas de barra libre y de graves incumplimentos de la Xunta en su labor de control”.
