La Justicia ha vuelto a concluir que los policías no pueden ser víctimas de delito de odio. El titular del juzgado de instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha archivado la causa contra un mecánico de coches investigado durante un año por presunto delito de odio a raíz de una denuncia de una policía a la que se negó a arreglarle el vehículo tras el 1-O.
El mecánico le dijo, al llevar a reparar el coche, que a partir del 1 de octubre no trabajaría más con la Policía Nacional ni la Guardia Civil porque eran «unos opresores». «Búscate otro taller porque yo no trabajo con maltratadores», dijo el mecánico, recoge el auto. El mecánico añadió que al no ser un concesionario oficial podía negarse a atender a clientes.
El juez recuerda que, tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en varias ocasiones, «el discurso de odio u hostilidad contra la autoridad o contra los agentes de la misma no puede ser sancionado conforme al artículo 510 del Código Penal», ya que este tipo delictivo protege a colectivos vulnerables y discriminados por razón de género, raza u orientación sexual, no el hecho de ser policía o agente de la autoridad.
«El investigado, con sus palabras, será un empresario muy poco diligente pero no ha cometido un delito de odio», concluye el juez instructor, que destaca que de las palabras del mecánico «no hay elementos que las permitan incluir en el delito de odio, con independencia de la intolerancia y hostilidad que reflejan». No obstante, abre la puerta a reclamar una sanción por la vía administrativa.
El mecánico permanecía imputado en la causa por la que el alcalde de Reus y cuatro concejales del municipio están a un paso de ir a juicio por delito de odio por un manifiesto contra la Policía. Los bomberos y los responsables de un gimnasio inicialmente denunciados también fueron exculpados.
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