Guillermo Ramos
Abogado de IIDMA


El pasado viernes 22 de febrero el Consejo de Ministros aprobó, en el contexto del Marco Estratégico de Energía y Clima, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia para una Transición Justa, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).  El PNIEC fue además remitido a la Comisión Europea en cumplimiento (tardío) de las obligaciones dispuestas en el Reglamento de Gobernanza[1].

El PNIEC es un documento de carácter estratégico que, entre otros aspectos, fija objetivos y detalla medidas para que España cumpla su parte de los objetivos climáticos de la UE de 2030. El Plan identifica el desarrollo del parque de generación renovable como principal impulsor de la descarbonización del mercado eléctrico y prevé que para 2030 el 74% de la generación eléctrica y el 42% de la energía total consumida procedan de fuentes renovables. Estima asimismo que en 2030 la energía fotovoltaica alcance los 37 GW de potencia instalada —frente a los 4,7 GW actuales— y la eólica ascienda hasta los 50 GW —desde los 23,5 GW actuales.

La formulación de una estrategia a largo plazo basada en el desarrollo sostenido de las energías renovables contrasta con la historia reciente del sector. De 2010 en adelante se sucedieron numerosos cambios en el marco normativo que eliminaron progresivamente los incentivos a la inversión en proyectos de generación a partir de renovables y terminaron por ahuyentar a los grandes inversores internacionales. Las reformas más drásticas incluso han fundamentado la interposición de procedimientos de arbitraje internacional contra el Estado. Algunos inversores han obtenido ya laudos condenatorios para España, con multas que habrá de asumir el contribuyente.

Los parámetros del sector han cambiado desde 2010. La vertiginosa caída de los costes de producción de los últimos años ha permitido que al menos dos tecnologías —eólica y solar fotovoltaica— hayan alcanzado o estén rozando la paridad de red en España. Sin embargo, la ventaja en costes puede no ser suficiente para activar el sector. Los proyectos de inversión a largo plazo, como los de generación a partir de energías renovables, son especialmente sensibles a la inestabilidad jurídica. Además, los bandazos normativos del pasado han dañado la imagen de España como destino de inversiones. Un plan a largo plazo que comprometa al Estado a favorecer el desarrollo continuado de la generación renovable, como el PNIEC, puede ser de gran ayuda para recuperar la confianza de los inversores.

Un ejemplo paradigmático de paralización de la inversión ha sido el del autoconsumo: la instalación de sistemas de producción eléctrica en los propios centros de consumo (típicamente módulos fotovoltaicos sobre cubiertas de viviendas o negocios). Tras la aprobación del Real Decreto 900/2015[2] —que instauraba el ínclito «impuesto al sol»— el desarrollo del autoconsumo quedó estancado, no solamente por las propias medidas desincentivadores, sino también por pura confusión y desconfianza ante a la posibilidad de más reformas restrictivas en el futuro. La actividad solamente comenzó a recuperarse el año pasado con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018[3], que establecía unas reglas de juego más claras y alineadas con las de mercados de otros países europeos y —también es importante— ponía de manifiesto una nueva actitud hacia el autoconsumo por parte del legislador.

Actualmente existe un proyecto de Real Decreto de desarrollo pendiente de aprobación que especificará las condiciones económicas, administrativas y técnicas para el autoconsumo. Este reglamento será clave para aportar mayor claridad y estimular la inversión de los usuarios más sensibles a la complejidad normativa en sus decisiones de inversión: familias y pymes. El propio PNIEC reconoce el despliegue del autoconsumo como factor de crecimiento de renovables y propone la adopción de una Estrategia Nacional de Autoconsumo que analice el potencial de penetración por tipo de consumidor y fije objetivos específicos. También se prevé la posibilidad de ofrecer financiación blanda a proyectos de autoconsumo, así como el establecimiento de medidas de fomento desde el ámbito autonómico y local. Si el marco normativo en desarrollo se termina de implementar y el PNIEC se cumple, el autoconsumo se convertirá en uno de los pilares de la descarbonización de nuestra economía.

El PNIEC estima que el despliegue de renovables—autoconsumo incluido— en España durante los próximos diez años, junto con otras medidas en áreas como movilidad y eficiencia energética, permitirán para 2030 la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 21% respecto a 1990. Los beneficios de la promoción de las energías renovables no son solamente ambientales. La reducción de emisiones de energías más contaminantes traerá también beneficios en la salud de todos —especialmente tras el cierre de las centrales térmicas de carbón, como destaca el estudio de IIDMA Un Oscuro Panorama.

Los potenciales beneficios de la potenciación del sector de las energías renovables, incluido el autoconsumo, son enormes, pero solo serán posibles si contamos con un marco normativo claro y estable.


[1] Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOUE L 328, 21.12.2018).

[2] Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, (BOE núm. 243, 10.10.2015).

[3] Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, (BOE núm. 242, 6.10.2018).

 

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