El obispo nicaragüense Silvio Báez citó hoy al profeta Jeremías tras escuchar el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre la crisis de Nicaragua, en la que advirtió sobre las prácticas violatorias a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional durante las protestas ocurridas en este país.
«Después de escuchar el informe del #GIEI-@CIDH sobre brutal masacre sufrida en Nicaragua en estos meses: Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan: por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores (Jeremias 14,17)», escribió Báez, obispo auxiliar de Managua, en un tuit.
El GIEI recomendó hoy al Gobierno de Nicaragua «cesar el hostigamiento» a los actores sociales y advirtió sobre las prácticas violatorias a los derechos humanos cometidas por la Policía durante las protestas ocurridas en ese país.
En un documento de 463 páginas presentado en Washington, los expertos recomendaron «al Gobierno cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos», en particular «la libertad de expresión, de reunión y de asociación».
El Grupo, que apoyó las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, presentó en Washington su informe después de que el Gobierno de Ortega le informara el miércoles pasado de la expiración del plazo de su trabajo en ese país, sumido en una ola de protestas que ha dejado al menos 325 muertos, de acuerdo a la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a más de medio millar, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199.
«Es un documento realmente complejo, difícil, duro, pero la situación en Nicaragua es dura», declaró en una conferencia de prensa el coordinador del GIEI, el italiano Amerigo Incalcaterra.
Además, el informe plantea una depuración de la Policía nicaragüense, tras advertir de que la actuación de esa institución «ha revelado un conjunto de prácticas institucionales violatorias a los derechos humanos que se han extendido en el tiempo y se han incrementado en gravedad».
Para evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, el GIEI recomendó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas que inicien investigaciones y, «en su caso», juzguen a los responsables de crímenes de Nicaragua «en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país».
También pidió que no se dejen «solas a las víctimas de los hechos de violencia y los acompañen en el reclamo de justicia y reparación».
De momento el Gobierno de Ortega no ha reaccionado a ese informe.
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