La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) advirtió este miércoles de que los suicidios podrían sumarse a las consecuencias de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, la peor en décadas.

La advertencia la hizo el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, después de que uno de sus activistas, José Iván Cruz Gutiérrez, se quitara la vida al no soportar la persecución que sufría por parte del Gobierno, según una nota escrita antes de suicidarse ayer martes.

“Lo que sucedió, de privarse de la vida, es una consecuencia de su situación (…), es una campanada de alerta, esto no puede seguir pasando”, denunció Cuevas en una conferencia de prensa.

Según la CPDH, Cruz sufría una grave depresión a causa de su situación personal.

De acuerdo con la nota de Cruz y con un audio que éste grabó antes de morir, el activista llevaba seis meses ocultándose y huyendo, ya que era perseguido por las autoridades por su apoyo a las manifestaciones contra el presidente, Daniel Ortega.

En esos seis meses, Cruz, quien ya había perdido a su esposa, se quedó sin dinero y sin los camiones con que mantenía su negocio. Lejos de su casa, ubicada en la isla de Ometepe, extrañó a sus hijos, a su hermano Max preso e incluso la alimentación, ya que llevaba tres días sin comer en el lugar donde estaba escondido, en un barrio del suroeste de Managua.

En el audio que grabó antes de quitarse la vida, se escucha a Cruz llorar mientras narra su situación, en un tono desesperado.

“Lamentamos hechos terribles y acontecimientos como este, producto de la misma situación sociopolítica en que se encuentra nuestro país, este es un vivo reflejo de lo que está pasando”, sostuvo Cuevas.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad durante la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta su responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.

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