La utilización de la privación de libertad por parte de gran parte del hemiciclo ignorando lo que se establece en la propia Constitución es un síntoma más de la porción de la sociedad a la que representan: aquellos que rara vez entran en la cárcel, y no porque no hagan méritos para ello. La reeducación y reinserción social priman frente a quienes utilizan los medios de comunicación y las noticias mediáticas que atacan a las poblaciones más vulnerables con la pretensión de que paguen con cadenas probadas ineficientes frente a la prevención de los delitos.

Y ojo, con esto no quiero decir que aquellos que los cometan no deban de pagar por ellos, sino que, curiosamente, quienes más pagan son quienes menos tienen. Pero no tiene nada de azaroso. Si la derecha opta por la vía punitiva en vez de la que ataja el problema a través de la reinserción sin sentir que tenga que pagar a la sociedad lo que debe es porque también tiene intereses dentro de los que, por algún motivo, se encuentran entre rejas.

Foto: EFE/Quique García

Hemos llegado desde los latigazos a pedir que los objetivos de la privación de libertad de un sistema de individualización legal, judicial y penitenciario sean penas mayores o incluso la muerte porque así lo entiende la derecha, en vez de la reinserción. Más allá de que esto pone de relieve la convicción de que la persona que en este caso delinque está motivada por sus únicos intereses y no existe la posibilidad de que haya sido porque la sociedad le ha empujado a delinquir, los perfiles que llenan las cárceles españolas apenas suelen variar. La baja escolarización, una situación social precaria y una procedencia de contextos de exclusión social son las variables que más encontramos dentro de los internos.

Además de ello, la drogodependencia abunda entre los más jóvenes y les empuja a cometer robos y hurto. Tal y como relata la investigadora Virginia Montañés «la mayoría de las personas que están en la cárcel por delitos contra el patrimonio son personas que o bien han robado para sostener su consumo o lo han hecho por encontrarse en una situación de precariedad y vulnerabilidad». Esto comienza a dibujar las razones principales que instigan a las personas a cometer delitos, directamente relacionadas con el abandono del Estado en las clases sociales más bajas. Por ello, quizá las zonas de las que provienen las personas que entran en la cárcel tenga más que ver que con la solución del problema que el delito en sí.

De igual forma, casi un 30% de las personas en prisión tienen una nacionalidad extranjera mientras en España suponen el 13%, según la ONU. Esto, evidentemente, no tiene nada que ver con las proclamas racistas que provienen desde los sectores más reaccionarios y asumen que las personas que vienen de fuera son más violentas, sino que realza lo que en párrafos anteriores se vislumbra: la clase social, la precariedad y la vulnerabilidad determinan su futuro. Además, un mayor porcentaje de personas extranjeras en comparación con las españolas se encuentran en riesgo de exclusión social, pero esto no es nada nuevo, como tampoco lo es la demonización por parte de los sectores más conservadores, reacios a admitir que lo que fuerza a las personas a delinquir tiene una relación directa con su calidad de vida y sus derechos, precisamente aquello contra lo que va el capitalismo y sus más firmes defensores.

Atacar la base que fuerza a las personas en riesgo de exclusión social a delinquir será más efectivo para eliminar cualquier efecto que la desigualdad pueda provocar, como un mayor nivel de delincuencia. La garantía de unos servicios públicos y el respeto de los derechos provistos en la tan alabada Constitución debería ser el principio para abordar las causas por las que las personas acaban en la cárcel y no pedir mayores penas basadas en la venganza y en una vía punitiva incapaz de resolver lo que causa que muchos de los internos vean como su única salida el robo, hurto o tráfico de drogas.

Además, las peticiones de endurecer las penas de cárcel provienen de quienes acumulan condenas entre sus filas y saben también que ellos no serán los que deban afrontarlas, sino las víctimas de sus políticas, sus despilfarros y sus robos. Pero esos robos nunca acaban sentenciados, a diferencia del que ha de hacerlo para poder comer.

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