Un tratado de pesca ilegal

Isidoro Moreno
Catedrático de Antropología Social

Los casi monotemas que centran el debate político, aquí y ahora, no deberían actuar como cortina de humo para ocultar otros temas de fundamental relevancia que también nos afectan directamente, por activa o por pasiva. Uno de ellos es el nuevo tratado de pesca que se viene negociando entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El problema central no es tanto el fuerte aumento de los millones de euros que la Unión Europea tendrá que pagar a Marruecos (pasando de 40 a 52 millones anuales), o en la subida del coste de las licencias de pesca, sino en que sería ilegal, ya que viola sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta contradicción en la que voluntariamente se ha sumido la Comisión Europea desde el pasado 20 de julio, al pactar con Marruecos una propuesta de acuerdo que va a pasar en las próximas semanas a la ratificación -aún cabe esperar que no- del Europarlamento, sería inexplicable si no atendiéramos a los intereses políticos y económicos que hay detrás. Sin duda, legalmente la Unión Europea o cualquier Estado puede establecer los acuerdos que crean favorables a sus intereses (otra cosa es si son o no éticamente legítimos), pero lo que ni la Unión Europea ni ningún Estado puede hacer es firmar acuerdos con otro Estado sobre territorios o recursos que no pertenecen a este. Ningún Estado, como ninguna persona, puede disponer de lo que no es suyo. Y esto es lo que se hace en el preacuerdo citado: se dispone sobre recursos naturales, en este caso pesqueros, que no pertenecen a Marruecos sino que forman parte de los bienes de un pueblo reconocido como tal en repetidas resoluciones de Naciones Unidas y del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya: el pueblo saharaui.

El Sahara Occidental, aunque ocupado militarmente por Marruecos en más de dos tercios de su territorio, no es parte de este reino, como han establecido todas las resoluciones referidas y todos los dictámenes de los tribunales internacionales, sino “un territorio sujeto a descolonización” a cuyo pueblo se le reconoce explícitamente el derecho a la autodeterminación, que no ha podido ejercer precisamente por la ocupación que sufre desde 1975, cuando fue invadido militarmente aprovechando la crisis y debilidad política de la potencia administradora, que era (y sigue siendo legalmente) España, en las últimas semanas de vida del dictador Franco.

En ningún caso es aceptable que Marruecos pueda negociar sobre recursos naturales de los que no puede disponer porque pertenecen al pueblo saharaui, que tiene una única voz reconocida por Naciones Unidas y muchos estados: el Frente Polisario. Pero es más: la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos ocasiones en los últimos dos años, ha declarado con toda claridad que “habida cuenta de que el territorio del Sahara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, sus aguas adyacentes no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca”. Por ello, caso de ser ratificado por el Europarlamento, el nuevo Tratado violaría frontalmente estas sentencias.

Aducen ahora los defensores del nuevo tratado que, si este se aprueba, la población del Sahara Occidental saldría beneficiada porque se invertiría en este territorio una parte del dinero que pagaría Europa. Pero incluso este argumento, que en ningún caso legalizaría lo que es ilegal, tiene también truco, porque Marruecos incluye como población del Sahara Occidental a los colonos que trasplantó a este territorio (en operaciones similares a las que practica Israel en el territorio de Palestina), que obviamente no pertenecen al pueblo saharaui. Colonos que puede que sí se beneficiaran -siempre que les llegara algunos euros, luego de pasar estos por los corruptos canales del Estado al que pertenecen- pero no la población saharaui, sometida a permanente represión, que es la poseedora, legitima y legal, de los recursos de su territorio. Con lo que la expoliación de sus recursos pesqueros se añadiría a la de los fosfatos, la arena y otros.

¿Votarán los europarlamentarios españoles conforme a la legalidad y la decencia o se dejarán influir (o comprar) por los lobbies que sustentan al régimen marroquí? ¿Olvidarán la especial responsabilidad de quienes representan a la “potencia administradora” defendiendo los derechos del tan castigado pueblo saharaui, de acuerdo con la legalidad de la propia Unión Europea, o traicionarán a este pueblo en nombre de intereses estratégicos o económicos? Veremos.

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