Una comitiva española compuesta por diputados europeos y nacionales, así como por familiares de víctimas de la dictadura franquista, está en Buenos Aires para recabar apoyos a favor de la querella que desde Argentina se tramita contra los crímenes del régimen y para reunirse con la jueza que la dirige.

Este miércoles, la delegación llegada desde España, integrada por, entre otros, los eurodiputados Miguel Urban, por Podemos, y Ana Miranda, por el Bloque Nacionalista Gallego, además de familiares y otros denunciantes en el caso de Germán, se reunirán con la jueza María Servini, encargada de la conocida como «querella argentina».

«Se trata de una reunión institucional y social para explicarle (a Servini) el clamor social que hay en el Estado español sobre este tema, que de alguna manera también es un apoyo a su gestión. Nos necesitamos mutuamente», explicó Ana Miranda.

En Argentina, y con base en el principio de justicia universal, se tramitan las únicas causas en el mundo en las que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y los primeros años de la transición a la democracia, cuando todavía estaban vigentes las estructuras franquistas.

En la denuncia por lo ocurrido en 1978, impulsada por la asociación «Sanfermines 78: gogoan!» y víctimas de aquella agresión policial, se apunta de forma especial contra el entonces ministro Rodolfo Martín Villa, quien ya es investigado por Servini por su responsabilidad en otros operativos policiales que dejaron diversos fallecidos durante la transición.

Procurador en las Cortes franquistas entre 1964 y 1977 y jefe Nacional del Sindicato Español Universitario entre 1962 y 1964, Martín Villa fue, tras la muerte del dictador, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), del Interior (1976-1979), de Administración Territorial (1980-1981) y vicepresidente del Gobierno (1981-1982).

«Pasó de ministro en el Gobierno de Franco, a ministro en el Gobierno democrático sin más», cuenta otro de los querellantes que viajó a Argentina, Manuel Ruiz, cuyo hermano, Arturo, fue asesinado durante «la semana negra» de Madrid en 1977.

En abril pasado, tras ser citado por Servini, el propio Martín Villa aseguró que irá a Buenos Aires a declarar por los conocidos como «sucesos de Vitoria» de 1976, cuando murieron cinco personas durante un operativo policial.

Durante la reunión de este miércoles, la jueza Servini recogerá por primera vez testimonios de afectados por los crímenes durante la transición.

«Esto va a deshacer de una vez el dogma de que el franquismo acabo con la muerte de franco», declaró Victoria Rosell, diputada por Podemos y magistrada.

Los diputados recordaron que los años de la transición fueron «sangrientos» y se cobraron la vida de alrededor de 200 víctimas. También coincidieron en que «no ha habido una transición en los tres poderes del Estado».

Desde 2010, Servini investiga los crímenes cometidos durante el régimen franquista, ya que la Ley de Amnistía (1977) impide juzgar a los responsables en territorio español.

«En países como Italia e Alemania, que sufrieron dictaduras similares en lo ideológico y coetáneas en el tiempo, han resarcido a sus víctimas. ¿Por qué en Alemania sí y por qué en España no? porque hay una cuestión de voluntad política y un elemento de impunidad que en Alemania sí se rompió y en España no», explicó Urban.

«Somos la única democracia que no hemos podido juzgar a nuestra dictadura y que mantenemos a un dictador como Franco en un mausoleo, que es un lugar de peregrinación y de exaltamiento del fascismo», concluyó Urban.

Otros de los llegados a Buenos Aires son Chato Galante, representante de La Comuna -asociación de presos y represaliados del franquismo- y Miren Aranoa, diputada electa de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, junto a concejales de diversos municipios. La delegación aprovechará su estadía para mantener encuentros con organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo.

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