Javier F. Ferrero

Uno de los mayores enemigos del trabajo decente, junto con las conductas fraudulentas, abusivas y vulneradoras, es la explotación laboral. Los sindicatos españoles valoran el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020 presentado por el Gobierno a los interlocutores sociales y coinciden en la necesidad de poner en marcha un plan de lucha contra estos problemas laborales.

Junto al necesario y ampliamente demandado plan previsto para las camareras de piso, deberían incluirse actuaciones específicas para las trabajadoras de ayuda a domicilio y para las empleadas del hogar, trabajadoras que reúnen las características de descentralización productiva, convenios de empresa y empresas multiservicios, y que merecen una atención específica.

Muchas de las deficiencias de las que adolece el mercado de trabajo requiere de reformas que no se solucionan solo con la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que deben incluir una revisión del cuadro de infracciones y sanciones del orden social, la modificación de la ley que contempla estas infracciones y del título XV del Código Penal.

El sindicato UGT reclama acabar con “la impunidad y la tolerancia social hacia conductas de vulneración de derechos de los trabajadores que deberían ser consideradas delictivas, atendiendo siempre al principio de intervención mínima del derecho penal“. Por ello, demanda deslindar claramente la frontera entre infracción administrativa y conducta delictiva, muy diluida en el ámbito laboral.

El sindicato considera positivo que exista una fiscalía especializada en siniestralidad laboral, pero es hora de dar un paso y crear una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores, con el fin de contribuir no solo a los objetivos que persigue el plan director, sino a los más generales de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.

Para UGT, es “imprescindible” incluir también en el plan medidas para “erradicar la contratación temporal, que encubre los fijos discontinuos; y que en las actuaciones a favor de la lucha contra la discriminación se recoja, además del motivo, las consecuencias, entre otras cuestiones“.

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