La arquitectura electoral de Estados Unidos siempre ha descansado en una idea básica: los estados organizan y controlan sus elecciones. Es un principio recogido en la Constitución. Pero esa frontera empieza a desdibujarse. Una investigación publicada el 27 de abril por Reuters describe un movimiento sostenido desde el gobierno federal para intervenir en ese sistema. Sin ruido. Sin anuncios grandilocuentes. Pero con pasos concretos.
El papel central lo está jugando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Un organismo que tradicionalmente se ocupa de terrorismo, inmigración o seguridad interior. No de elecciones. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, ese departamento —junto a otras agencias— ha iniciado lo que la investigación define como una ofensiva más amplia de lo que se conocía sobre el funcionamiento electoral del país.
No es una operación simbólica. Hay llamadas, requerimientos, presiones. Y acceso a datos que hasta ahora eran competencia exclusiva de autoridades estatales.
En Ohio, agentes del DHS contactaron con juntas electorales de al menos seis condados. Las peticiones eran directas: acceso inmediato a información detallada de votantes. Formularios de registro. Historial de voto. Datos confidenciales. Todo bajo el paraguas de supuestas “investigaciones” no especificadas. Hay un matiz que no pasa desapercibido: las solicitudes se concentraron en condados con elecciones competitivas previstas en 2026 o con fuerte presencia demócrata.
El patrón se repite. En Nevada, la secretaría de Estado recibió una petición del FBI vinculada a la elección de 2020. Una investigación que, en la práctica, no podía avanzar porque los registros solicitados no existían. Aun así, la presión se produjo.
En Arizona, el Senado estatal sí accedió a una citación similar relacionada con auditorías de los comicios de 2020. Y en paralelo, el DHS solicitó información adicional sobre investigaciones de fraude. De nuevo, un tema que ya ha sido revisado por tribunales y organismos bipartidistas sin encontrar pruebas concluyentes.
Colorado añade otra capa. Un lobista vinculado a la Casa Blanca y a Stephen Miller llamó a responsables electorales de diez condados. Quería acceso a máquinas de votación de Dominion. Las mismas que han sido objeto de teorías conspirativas durante años. Después, algunas oficinas recibieron peticiones similares desde alguien que se identificó como alto cargo de la Agencia de Ciberseguridad (CISA). En varios casos, los funcionarios se negaron. Alegaron que cumplir esas solicitudes podría vulnerar la legislación estatal.
El episodio más visible ocurrió en enero. El FBI realizó una redada en una instalación electoral del condado de Fulton, en Georgia. Se incautaron cientos de cajas con papeletas, registros de votantes y documentos relacionados con la elección de 2020. La intervención no fue aislada. Según la investigación, Trump habló con agentes del FBI sobre ese caso al día siguiente de enviar a la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, a participar en la operación.
El mensaje es claro. Y el efecto también. Funcionarias y funcionarios electorales empiezan a anticipar que pueden ser los siguientes. Amy Burgans, responsable republicana en Douglas County (Nevada), lo resumía sin rodeos: hay un factor de intimidación. Una duda constante. Quién será el próximo.
No es solo percepción. Es un cambio de clima. Y ese clima tiene consecuencias.
La ofensiva no se limita al acceso físico o documental. También hay un frente más silencioso. El de los censos electorales. Trump ha defendido en varias ocasiones la idea de “nacionalizar” el voto en zonas controladas por demócratas. Y aunque no ha logrado aprobar en el Senado la SAVE America Act —una ley que obligaría a todas las personas votantes a reinscribirse acreditando su ciudadanía—, las prácticas descritas por Reuters apuntan en esa dirección.
En Missouri se produjo un ejemplo concreto. El secretario de Estado republicano, Denny Hoskins, compartió datos públicos del censo con autoridades federales. Estas devolvieron listados de personas identificadas como posibles no ciudadanas. El resultado fue revelador: según funcionarios locales, la mayoría de los nombres correspondían a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses naturalizadas.
Clinton Jenkins, responsable electoral del condado de Miller, fue más allá. Afirmó que ninguna de las personas señaladas había votado de forma ilegal. Y sugirió un patrón inquietante: los listados parecían centrarse en personas con nombres de origen hispano o latino.
Una frase resume la sospecha: si tu nombre tiene demasiadas vocales, acabas en una lista.
Las críticas no se han hecho esperar. Analistas como Branko Marcetic advierten de que estas prácticas apuntan a un intento de invalidar votos a través de la deslegitimación de votantes. La lógica sería similar a la aplicada en políticas migratorias: identificar perfiles, generar sospecha y actuar sobre esa base.
El riesgo no es teórico. Si se amplía este tipo de filtrado, millones de personas podrían ver cuestionado su derecho a voto. Sin necesidad de cambiar leyes. Bastaría con erosionar la confianza en su condición de ciudadanía.
Y todo esto ocurre en un contexto político concreto. Las previsiones para las elecciones legislativas de 2026 no son favorables para el Partido Republicano. Trump ha llegado a sugerir públicamente la cancelación de elecciones. Algo que no está en su mano. Pero la insistencia forma parte del escenario.
Lo que sí está en su mano —y eso es lo que revela la investigación— es modificar el terreno de juego. Acceder a datos. Presionar a responsables locales. Introducir dudas. Y, poco a poco, construir un sistema donde votar no sea un derecho garantizado, sino una condición bajo sospecha.
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