Una de las noticias importantes de esta semana es sin duda el acuerdo al que han llegado PSOE y Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos Generales de 2022. Ambos socios han destacado como proyecto estrella la Ley de Vivienda, que se aprobará después de los Presupuestos.

Hace años que el mercado del alquiler ha alcanzado cotas insostenibles gracias al libre albedrío de la especulación inmobiliaria bajo el pretexto del derecho a la propiedad privada. En esta nueva ley, el gobierno de coalición destaca varias medidas para intentar paliar la situación. Entre las más destacadas se encuentra la regulación directa de los precios en base al índice de referencia para los propietarios de más de 10 viviendas, siempre y cuando sean personas jurídicas y en zonas de mercado tensionado, es decir, aquellos lugares donde el alquiler ha subido más en los últimos años. Además, según Unidas Podemos, les retirarán los privilegios fiscales.

Con esto, cabe esperar que esta medida al menos disuada en parte a los grandes fondos de inversión y empresas extranjeras que adquieren edificios completos solo para alquilarlos. Pero el hecho de que esta regulación directa solo incluya a personas jurídicas deja fuera a muchos propietarios, que, aunque alquilan a título particular, superan esas 10 viviendas y ejercen una importante presión en el mercado contribuyendo a la especulación. Para estos, que la ley incluirá en el grupo de «pequeños propietarios» —considerando lo mismo tener tres viviendas en alquiler que doce—, se contempla una congelación de precios e incentivos fiscales para bajarlos, que pueden llegar a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan si bajan el precio respecto al contrato anterior.

Por otra parte, una medida que a priori parece interesante es el recargo que los ayuntamientos pueden realizar de hasta un 150% en el IBI para las viviendas vacías, fomentando así su alquiler. Igualmente, se plantea la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y la mitad de ese 30% deberá destinarse a alquiler social. En un país donde los desahucios están a la orden del día, un 30% de vivienda protegida se antoja escaso y poco ambicioso, especialmente sobre el papel, sabiendo que la práctica siempre resulta más complicada y la medida tiende a aplicarse menos, no más.

Precisamente respecto a los desahucios, la norma pretende prohibirlos en caso de ausencia de alternativa habitacional, pero esto no es nuevo. En otras ocasiones se ordenó su paralización temporal y no se aplicó, sin ninguna consecuencia para los bancos y fondos que los llevaban a cabo.

El bono de 250 euros

Seguramente se trata de la guinda del pastel, la medida que será sin duda más publicitada. El Gobierno plantea ayudas de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años cuyas rentas estén por debajo de 23.725 euros anuales.

Aunque puede parecer una medida revolucionaria, en realidad no es nueva. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ayuda de 210 euros durante cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años que alquilaran su primera vivienda, ofreciendo también su aval durante seis meses y un préstamo de 600 euros para pagar la fianza. El resultado fue que los precios del alquiler aumentaron aprovechando esa ayuda y la medida resultó ineficaz, dejando desamparados a los inquilinos.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta con las ayudas es que, naturalmente, deben declararse a Hacienda, con el reajuste que eso puede implicar. Por lo tanto, es imprescindible informarse debidamente y asegurarse de que en realidad será útil en cada caso.

Las autonomías deciden

La vivienda es una competencia descentralizada y, por lo tanto, la aplicación de esta ley será autonómica. Por su parte, el PP ya la ha cuestionado y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha dejado claro que «blindará» a los propietarios. Esto significa que las personas que están sufriendo uno de los alquileres más caros de España, en la capital, no se beneficiarán ni un poco de esta ley. Lo mismo ocurrirá en muchas autonomías —si no todas— gobernadas por el PP.

El hecho de que el núcleo de la ley no se pueda considerar de aplicación obligatoria seguramente haga que se desinfle poco a poco. Además, aunque la norma en sí pueda tener alguna medida en parte beneficiosa, no deja de ser un parche, especialmente el bono de 250 euros para jóvenes. Y sigue dando la sensación de que el Gobierno no se atreve en realidad a luchar por garantizar un derecho básico, teniendo además de su lado la Constitución, que en su artículo 47 reza: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Un 30% para el alquiler

Por otra parte, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar, mostrando en ocasiones su desinformación sobre la realidad de millones de personas. Es el caso del presidente del PP, Pablo Casado. En una entrevista en Telecinco ha afirmado que «si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler».

Cualquiera que se haya enfrentado a la necesidad de alquilar una vivienda, especialmente en las grandes ciudades, conoce las condiciones abusivas que se suelen poner, como varios meses de fianza, depósito y gastos extra si además hay una inmobiliaria de por medio. A todo esto se añade precisamente el precio difícilmente sostenible del alquiler. La mayoría de estudios indican que como máximo se debe destinar al pago del arrendamiento el 30% de los ingresos —el Banco de España habla de un 35%—. Es decir, ante 1.000 euros de sueldo, no se debería pagar más de 350 de alquiler. No hace falta más que preguntar en la calle para ver que España está muy por encima de ese porcentaje.

Recuperando las palabras de Casado, precisamente lo que se exige es poder pagar con holgura una vivienda digna cuando se tiene trabajo y no tener que depender de ayudas externas ni vivir con el agua al cuello.

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