La Fiscalía de Barcelona ha imputado a 17 personas para las que solicita penas que van hasta los 20 años y nueve meses de cárcel en los que se encuentran abogados y notarios, que habrían conformado una presunta trama para estafar a ancianos.

En 6 años, los que se comprenden entre 2009 y 2015, esta supertrama podría haber afectado a 128 familias, que se habrían quedado sin casa por dicha cuestión, convirtiéndose así en una de las mayores estafas inmobiliarias de la historia de España.

De este modo se acrecientan las penas debido a que se les atribuye el delito continuado de estafa en su modalidad agravada, además de blanqueo de capitales y organización criminal.

Entre los nombres vinculados a la supuesta estafa se encuentran el abogado Francisco Comitre o el notario Enrique Peña, o Artur Segarra, quien ya se ha refugiado en Tailandia para huir de la justicia, y donde, como informa El Periódico, «asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio».

Comitre en concreto sería, según la fiscalía, quien ostentaba el cargo de dirección de la presunta estafa, una «agrupación de carácter estable» con propósito «económico fraudulento» que buscaba «definitivamente» apoderarse de la propiedad de los inmuebles sin abonar en favor de éstos contraprestación alguna por su adquisición o abonar una cantidad «muy inferior al valor de mercado» de las fincas.

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