Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La querella, que también ha sido presentada contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias con fallecidos o mal atendidos durante esta pandemia, denuncia el «plan de choque» se puso en marcha dos semanas después de haberse anunciado medidas especiales y cuando ya se habían contabilizado 1.000 fallecidos en las residencias madrileñas;

Asimismo, también denuncian que las residencias no llegaron nunca a medicalizarse, es decir a convertirse en «espacios de uso sanitario» como preveía el susodicho plan. También es por qué la Comunidad de Madrid aprobó dos protocolos de actuación, el primero de los cuales excluía de la hospitalización a mayores residentes con características como la de tener un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Según la querella, «ambos protocolos podrían haber sido el soporte normativo con el que la Comunidad de Madrid ha pretendido descongestionar la presión asistencial en los hospitales, objetivizando los criterios de selección, aun a sabiendas que la aplicación de los mismos implicaba que cientos de personas podrían morir en las residencias sin la asistencia sanitaria que precisaban».

«No se adoptaron medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para evitar la propagación del virus entre los residentes», señala la querella. «No se trasladó a hoteles a todos o la mayoría de los residentes asintomáticos, algo que se apuntaba en el plan de choque ya que solo 90 de los más de 50.000 ancianos residentes fueron realojados en hoteles», denuncian. 

En el texto se indica que el Gobierno regional ha tenido «una actuación injustificable». Porque  «conociendo el número de fallecidos que había a primeros de marzo, no deciden implantar un plan de choque hasta el día 27 de marzo, en que ya habían fallecido 1.000 personas mayores en las residencias».

«Habrá que preguntarles cuando declaren como investigados, si para ellos no había que tomar medidas hasta que fallecieran 1.000 personas, ya que 200, 400 u 800 no era preocupante», se indica. «Esto ya sería suficiente para que se hubiera cometido un delito de prevaricación, homicidio imprudente y lesiones», sebraya.