Una treintena de eurodiputados de nueve países y tres grupos parlamentarios (Greens/EFA, GUE/NGL y ALDE) han enviado una carta a la Comisión Europea en la que preguntan qué medidas piensa tomar ante el “espionaje y sabotaje a oponentes políticos en España.

“Se ha producido un escándalo en España con la posible participación, directa o indirecta, de los partidos políticos en el poder, así como parte de los medios de comunicación nacionales”, afirma la carta: “Estos hechos representan un serio ataque al estado de derecho y la libre participación política”.

El texto explica que “el escándalo consiste en operaciones de espionaje y sabotaje contra opositores políticos, supuestamente orquestados por el Ministerio del Interior español durante la administración del expresidente del Partido Popular Mariano Rajoy, que y fue llevado a cabo por altos funcionarios policiales junto con parte de los medios nacionales”.

“La fabricación de pruebas condenatorias para crear una campaña de intoxicación, el robo de un teléfono móvil de un asistente parlamentario de Pablo Iglesias días después de dejar su asiento en Bruselas, son todos parte de los hechos conocidos como las cloacas del Estado español”, prosigue el texto. Y concluye con una pregunta dirigida al Ejecutivo comunitario: “Dada esta contundente violación de los derechos fundamentales y el Estado de derecho en España, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión como garante del respeto de los valores y la legislación de la UE?”

Entre los firmantes de la carta están Miguel Urbán (GUE/NGL), Tania González (GUE/NGL), Marina Albiol (GUE/NGL);  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Miranda (Greens/EFA), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA), António Marinho e Pinto (ALDE), Izaskun Bilbao (ALDE), Ernest Urtasun (Greens/EFA), Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA), y Jordi Solé (Greens/EFA). 

Policía política

Las conclusiones del Congreso de los Diputados para cerrar la comisión que investigó “La utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos” ya fueron demoledoras en su momento: “En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa). Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”.

Los mandos policiales se convirtieron en una factoría de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus líderes. En 2012 un supuesto informe sin firmar pero con sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, un departamento que había ganado prestigio con las investigaciones del caso Gürtel y otras tramas de corrupción, apareció en el diario El Mundo con el siguiente titular: “La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. La información destacaba: “Un informe de la Policía sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes”. El jefe de la UDEF  de entonces negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.

La fabricación de informes policiales se usó también contra Podemos cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás del Partido Popular.

Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director de entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Lo ha explicado el propio Jiménez en una entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. “A mí se me ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada”, explica Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio publicado en Ok Diario y El Confidencial. De la supuesta investigación policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.  

Las maniobras contra Podemos por parte de la policía política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos que luego publicaron algunos medios. El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras causas relacionadas con el ex comisario José Manuel Villarejo –el contenido del terminal apareció en uno de los registros de las viviendas del comisario– ha enviado, según adelantó eldiario.es, a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información contenida en el teléfono de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda que se abstenga de publicar ninguna otra noticia relacionada con el contenido del terminal robado. 

El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Pozas, exdirector de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero decidió no publicarlo, dimitió este viernes tras saber que deberá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no salpique al Gobierno. Este lunes Pozas, tras prestar declaración, fue imputado por el magistrado que indaga en el caso.  

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p class=”mce”>Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge Fernández Díaz, al que Pablo Casado dio un puesto en la nueva dirección del PP, continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. Quien era director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador. 

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