Javier F. Ferrero

El apoyo del Congreso de los Diputados a los principales contenidos del Real Decreto-Ley para la revalorización de las pensiones públicas, con un incremento de las pensiones en un 1,6% de manera general y de un 3% para las mínimas y las no contributivas, son el inicio de un camino de devolución de derechos y el fin de las políticas que desde 2011 están lastrando la igualdad y la equidad en la economía y en la sociedad española.

Por segundo año consecutivo se suben las mínimas y se suspende la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones establecido por la reforma de 2013 del PP, que habría determinado un incremento máximo de todas las pensiones de solo el 0,25%, hecho que empobrecería aún más a nuestros mayores.

El Gobierno prevé también la recuperación de las desviaciones de la inflación al final del año, el 1,7%, respecto a la subida inicial, el 1,6%, que abonará antes del mes de abril.

En definitiva, se trata de unos presupuestos bien orientados, pero tienen que ir acompañados de una política reformista, que corrija en profundidad la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la reforma de desempleo.

 

Una mejora total: derogación de la reforma de las pensiones de 2013

La derogación de la reforma de las pensiones de 2013 es el objetivo a alcanzar para que nuestros mayores tengan derecho a una pensión digna. Solo la aceptación por parte de las organizaciones empresariales de esto podría permitir que se comprendiera un paso atrás de tal naturaleza por parte de la Seguridad Social.

Pedro Sánchez ya se pronunció sobre el tema en mayo del año pasado, cuando Marian Beitialarrangoitia, portavoz de EH-Bildu, le preguntó si estaba dispuesto a hablar de cómo reforzar las pensiones y ha pedido revertir las reformas y que se sume a la petición de que una pensión mínima alcance los 1.080 euros. Sánchez fue categórico: «No está entre nuestra intención hacerlo en este contexto, con estas características de Gobierno».

El presidente matizó estas palabras, indicando que «no vamos a renunciar a que en el futuro, si contamos con la mayoría de votos de los españoles, podamos poner en marcha un sistema público de pensiones sostenible y digno, en cuanto a la cuantía de las pensiones».

Por lo tanto, hay una vía abierta y mucho trabajo por delante para defender los derechos de nuestros mayores.