El borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado podría ser aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre o, como muy tarde, el 5 de octubre, unas fechas que han sorprendido a Unidas Podemos ya que «de momento no hay avances y siguen las divergencias en temas muy importantes».
Las discrepancias son principalmente dos: el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz exige que en la negociación presupuestaria que está en marcha se aborde ya una amplia reforma fiscal, mientras Hacienda prefiere esperar a las conclusiones del comité de expertos.
Además, Unidas Podemos también pide avances en la ley de vivienda, una negociación que, de momento, permanece bloqueada. Para los morados lo más urgente es garantizar que el Estado cuente con los recursos suficientes para afrontar el ambicioso plan de protección social que se pretende llevar a cabo y para eso hay que tener dinero. Para esa vía ingresos priorizan principalmente dos tipos impositivos: el de sociedades y el IRPF de las rentas altas, tal y como informa infoLibre.
Sobre el impuesto de sociedades, el director del Gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nacho Álvarez, y el secretario de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Josep Vendrell, ya han trasladado su postura a los socialistas: la fijación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, al igual que lo acordado por 130 países de la OCDE.
Unidas Podemos también plantea, en relación al IRPF, incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda los 300.000 euros.
Unidas Podemos considera que eso es esperar demasiado y prefieren abordar ya la reforma. A pesar de las diferencias, en la Moncloa dan por seguro que este año los Presupuestos estarán en tiempo y forma.
Ley de Vivienda
Además, los morados de la coalición insisten también en alcanzar un acuerdo en materia de vivienda como condición previa a la aprobación de los Presupuestos. De momento, un acuerdo alcanzado in extremis para impulsar una legislación estatal sigue sin ver la luz a día de hoy y las conversaciones retomadas después del verano entre los ministerios de Transportes y Derechos Sociales continúan sin ningún avance.
