Las primeras diferencias de criterio entra el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE llegó por los ecos del franquismo. Pese a que en un primer momento los dos partidos que forman el Ejecutivo sumaron sus votos en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados para evitar que el currículum de Billy el Niño se hiciese público, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, que dirige Iglesias, se encargó un estudio a un grupo de juristas sobre la legalidad de publicitar el expediente de Billy el Niño.

El grupo confederal ya se había retractado de su voto horas después de esta votación y atribuyó su posición a un «error» tras recibir duras críticas en las redes sociales y por parte de alguna corriente interna como Izquierda Anticapitalista. El propio Iglesias salió entonces a pedir perdón públicamente y subrayó que no hay excusas para «fallar a las víctimas del torturador».

El partido morado se ha comprometido a votar a favor la próxima vez que la iniciativa llegue a la Cámara de la mano de Bildu, quien presentó la iniciativa a través de su diputado Jon Iñarritu, que tras conocer el sentido de su voto, se mostró muy crítico con los dirigentes de Unidas Podemos. Ahora, el partido que lidera Pablo Iglesias toma la iniciativa.

Este estudio encargado por Unidas Podemos, en el que participó entre otros juristas el primer secretario del Congreso y diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Mesa del Congreso, concluye, según indica el diario.es, que no hay ninguna norma que impida la publicación del currículum del policía franquista.

Los juristas consultados por la Vicepresidencia de Derechos Sociales argumentan que la información solicitada por EH Bildu tiene un «interés público relevante porque está vinculada al derecho a la memoria, al derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y al derecho a conocer el historial de funcionarios que participaron en los aparatos coactivos del Estado durante un régimen dictatorial y a que se puedan esclarecer posibles delitos de torturas y de lesa humanidad».

Sin embargo, el informe encargado por Iglesias, según indica eldiario.es, defiende la prevalencia del derecho a la información siempre que sirva al interés público frente al derecho a la intimidad en los mismo términos que ha estipulado el Tribunal Constitucional.

El dictamen encargado por el departamento de Pablo Iglesias sostiene que la petición de EH Bildu «no se refiere, en principio, a lo que la Ley de Transparencia (artículo 15) considera datos especialmente protegidos cuyo acceso solo será posible mediante consentimiento del afectado (los relativos a su ideología, afiliación sindical, religión o creencias, salud, vida sexual, origen racial, datos genéticos o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública del infractor)».

El texto concluye que el dictamen remitido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, «deben facilitarse al diputado Jon Iñarritu todos los datos de la hoja de servicio del agente Antonio Pacheco que tengan un interés público para el esclarecimiento de la memoria histórica y la represión durante el franquismo de derechos y libertades básicas».