Redacción

Unidos Podemos ha mostrado su compromiso y esperanza en alcanzar políticamente un Acuerdo Social del Agua frente al Cambio Climático, apoyando las medidas elaboradas por movimientos que, desde mediados de los noventa, defienden la recuperación de ríos, humedales y acuíferos, en sintonía con la Directiva Marco Europea del Agua (DMA); y por otro, los surgidos en la última década en defensa del agua pública, frente a las presiones privatizadoras de los servicios de agua y saneamiento.

Pedro Arrojo y Julia Martínez, hoy en el Congreso. FOTO: Dani Gago

El texto del Acuerdo Social del Agua lo ha dado a conocer este lunes en el Congreso la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez Fernández, que se ha mostrado “esperanzada” con que el resto de partidos escuchen las diferentes propuestas.

Martínez Fernández ha contado con el apoyo de Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos por Zaragoza y portavoz en la Comisión, que apuesta por este acuerdo frente al llamado Pacto Nacional del Aguaque promueven PP y Ciudadanos, y que pretende “transformar estos problemas en negocio para constructoras y operadores de aguas, reanimando viejas políticas del hormigón, promoviendo la mercantilización del agua y fomentando la privatización de servicios de agua y saneamiento”.

Para Arrojo, este acuerdo es fundamental para “frenar la privatización de los servicios de gestión del agua, superar las viejas estrategias de oferta basadas en más presas y trasvase, así como recuperar nuestros acuíferos como reservas estratégicas en sequía”.

“Nosotros no estamos en contra de presas o de trasvases, como no estamos en contra de aeropuertos o autopistas. Estamos en contra de malgastar el dinero público en aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y nuevos embalses vacíos en la próxima sequía“. Ha dicho el diputado, para quien “los trasvases y los nuevos embalses son ineficaces en las perspectivas de cambio climático”.

Por su parte, Julia Martínez Fernández destaca que este Acuerdo Social por el Agua “contempla cinco grandes ejes: detener la construcciónde nuevos embalses y trasvases de nueva infraestructura gris que va a ser inútil y con un daño social y ambiental creciente; contener las demandas, incluidas las agrícolas; recuperar el buen estado de nuestros ríos, acuíferos y manantiales; garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento al más alto nivel posible de nuestro ordenamiento jurídico (por ejemplo, la ley de aguas); y en último lugar, acabar con la corrupción del agua, que crece al calor de escándalos como el de Acuamed y también de la privatización de servicios del agua urbana”.

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