La amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular mediante el Real Decreto-ley 12/2012 ha sido la medida por la cual los mayores defraudadores de impuestos de España han regularizado su situación, impidiendo investigar la procedencia de dichas rentas, o su origen, que potencialmente podría estar derivada de bienes no declarados, financiación ilegal, comisiones por adjudicación de contratos públicos, dinero negro y otras irregularidades.
Belarra ha explicado que tras la llegada de Sánchez a la Moncloa «no puede haber ni la menor sombra de duda de regeneración democrática de este Gobierno».
Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo ha añadido que «la sociedad española tiene que saber exactamente qué ha pasado en torno a una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional». «Debemos saber quiénes son esas 30.000 personas que se acogieron a la amnistía, ya que parece que unas 715 son cargos públicos de este país y que, según informaciones publicadas, hasta 400 podrían tener rentas vinculadas con actividades criminales», ha sentenciado.
Rafael Mayoral, diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, ha aseverado que el Grupo Confederal «no va a apoyar al Gobierno en una estrategia de silencio y de omertá«. «Si (el Gobierno) quiere encontrarnos en la defensa de las mayorías sociales, en la lucha contra los recortes y la corrupción y la profundización democrática, ahí nos encontrará».
«La gente tiene derecho a saber quiénes son los que le robaron los colegios, los hospitales y los servicios sociales teniendo el dinero en paraísos fiscales. Aquí ha habido salvajes recortes contra las mayorías sociales mientras los privilegiados tenían el dinero en paraísos fisacles y no tributaban en este país y por tanto, no cumplían con sus obligaciones», ha apuntado.
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