Luis Berraquero Díaz
Coordinador de Movilización de Greenpeace en Andalucía

En unos días, Andalucía tiene una cita con las urnas. Por supuesto que importa, y mucho, quiénes serán las personas que ostenten la representación del pueblo andaluz en el Parlamento. Pero, parafraseando a Tip y Coll, en este artículo “no” hablaremos del gobierno. Nos gustaría hablar en cambio, de aquellas medidas ambientales que, con independencia de quien presida la Junta de Andalucía, deberían ser consideradas una cuestión de primer orden, de salud pública, de urgencia ambiental. Medidas que deben implementarse ya. En los próximos cuatro años. Porque nos jugamos mucho. Medidas que, independientemente de los colores e ideología del partido o partidos que gobiernen, deben ser asumidas como imprescindibles. No obstante, y como los tiempos del medioambiente no entienden de legislaturas, comenzaremos apuntando ciertos horizontes a largo plazo, que deberían marcar las políticas más inmediatas.

Parque nacional y natural de Doñana

Medidas a largo plazo que marquen la senda hacia una Andalucía más sostenible.

El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), publicado en octubre de 2018, muestra que los objetivos de reducción de emisiones establecidos en recién inaugurada ley de medidas contra el cambio climático, se han quedado ya obsoletos. Para que Andalucía contribuya al esfuerzo internacional de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, es clave alcanzar emisiones netas cero para el año 2040. Horizonte en el que el 100% de la demanda energética se tendría abastecer con energías renovables. Esto implicaría modificar una ley recién aprobada, pero no es imposible.

En lo referente a transportes, la Junta de Andalucía, en coordinación con ayuntamientos y diputaciones provinciales, tendría que incorporar una visión que abandonara el actual modelo del coche en propiedad, para transitar hacia una oferta multimodal, compartida y limpia, al alcance de cualquier persona, con independencia de su condición física y poder adquisitivo. Por otra parte, el modelo de desarrollo de infraestructuras tendría que priorizar la conservación de la red actual, frente a la construcción de nuevas autopistas, líneas de alta velocidad y la ampliación o construcción de nuevos puertos o aeropuertos.

La disponibilidad de agua será lo que marque el futuro de la agricultura de Andalucía. Por tanto, un cambio de modelo que incluya un plan de disminución de zonas de regadío, debería estar en la agenda a largo plazo. Por otra parte, si bien es cierto que Andalucía ya tiene recorrido en la producción de agricultura ecológica, un modelo agrícola andaluz totalmente basado en este tipo de producción podría ser una senda que marque el horizonte al que acercarse. En la ganadería, por contra, el cambio de modelo tendría que ser mayor. La promoción y defensa de la ganadería extensiva, ecológica y destinada a la venta en circuitos cortos, debería ser la tendencia que garantizara un mayor acoplamiento de esta actividad con los ecosistemas y la fijación de población en el medio rural.

Andalucía, aunque también el resto del planeta, tiene que afrontar un problema urgente. El de los residuos que generamos, y en especial el de los plásticos de un solo uso. Para ello, debería estudiar la implantación de Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) de envases, junto con la prohibición de la quema de residuos y la recogida selectiva de la materia orgánica. Solo así se podrían cumplir los objetivos europeos en esta materia, aumentando el reciclado de los residuos municipales al 65% en 2030, limitando los vertidos a un 10% en los vertederos en el 2035, estableciendo la recogida de materia orgánica obligatoria en el 2023 y con la implantación de mecanismos de reutilización.

Por último, el turismo tiene un peso cada vez mayor en el modelo económico andaluz. Sin embargo, un modelo turístico pensado a largo plazo, tendría necesariamente que incorporar los costes ambientales y sociales asociados a esta actividad, la cual depende de combustibles fósiles para el transporte de largo recorrido, está siendo un incentivo para la degradación de la costa debido a la construcción y ejerce una nueva presión sobre los precios de la vivienda en centros históricos de muchas ciudades andaluzas y del resto del estado. Analizar la sostenibilidad socio-ecológica de este modelo será un reto a largo plazo que Andalucía deberá encarar si quiere acoplar dicha actividad a los nuevos escenarios de cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones que marca el IPCC.

4 años para hacer cambios que garanticen el futuro.

Empezar a caminar para frenar el aumento de temperatura, comienza por dar un primer paso. En este sentido, Andalucía debería redactar en esta misma legislatura un plan de cinco años para la reducción de emisiones. Por otra parte, se deberían poner en marca ,cuanto antes, medidas activas y pasivas para que los edificios de la administración pública alcancen la directiva de eficiencia energética prevista para 2021. Para ello, además de la mejora de la eficiencia energética, en estos próximos 4 años, se podría comenzar con el proceso de instalación de energía solar fotovoltaica de todos los edificios que son dependientes de la Junta de Andalucía. Por último, en lo que a energía se refiere, una campaña de fomento de la auto-producción y consumo energético podría ser desarrollada desde el principio de esta legislatura. De esta forma podríamos, además de disminuir las emisiones de CO2, disminuir el coste de la electricidad y generar un tejido económico vinculado a la instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas en viviendas.

La administración pública, puede ejercer un papel ejemplarizante en lo que a desarrollo de medidas de fomento de movilidad sostenible se refiere. Para ello, puede renovar la flota de su parque móvil por vehículos eléctricos. Por otra parte, puede poner en práctica un sistema de coche compartido interno para las personas trabajadoras en la administración, así como un programa de incentivos para aquellas personas que accedan a los puestos de trabajo utilizando transporte público y/o modos no motorizados. Más allá de lo que pueda aplicarse a la administración, la Junta de Andalucía podría además promover en los siguientes cuatro años, la implantación de medios de transporte urbano de gran capacidad, rápida ejecución y bajo impacto, como son los buses de tránsito rápido (BTR, por sus siglas en Inglés), en lugar de los proyectos de metro subterráneo, que son más caros y ambientalmente más impactantes.

En lo que se refiere a la agricultura, la aplicación de la Ley para la promoción de Una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada a toda la contratación de servicios de alimentación de la Junta de Andalucía, sería una de las medidas que la propia Junta podría aplicar para apoyar el consumo local de la producción en ecológico. Esto implicaría, que la administración andaluza realizara compra pública de productos, agrícolas y ganaderos, producidos local y ecológicamente. Por otra parte, la prohibición del glifosato tanto en jardinería urbana y en carreteras, como en la agricultura podría ser una de las medidas a desarrollar en los próximos 4 años. Lo que permitiría mejorar la económica vinculada a la producción agrícola a pequeña escala y reducir los efectos negativos sobre la salud del uso de agroquímicos.

La mejora en la gestión de residuos urbanos y agrícolas es algo que no puede demorarse más de 4 años. No hay tiempo que perder en asegurar que nuestros municipios, especialmente los que reciben mayor presión turística, garanticen la calidad del vertido de aguas residuales a los ríos y la costa, tras el proceso de depuración. Por otra parte, la gestión de los residuos de la agricultura bajo plásticos debe ser abordada durante esta legislatura. Al igual que la recogida selectiva de residuos orgánicos en ciudades y pueblos, lo cual permitiría su compostaje, contribuiría a reducir la dependencia de fertilizantes químicos, mejoraría la fertilidad del suelo y frenaría los procesos de erosión.

Además de un cambio de modelo, el turismo necesita reformas que deben ser asumidas en los próximos cuatro años. Así, definir la capacidad de carga del territorio litoral andaluz, incluir la huella ecológica de la actividad, como recomienda el Plan de Turismo Español 2020 aprobado por Consejo de Ministros e introducir medidas que garanticen que dicha capacidad de carga no pueda ser superada, debería implementarse en esta legislatura. Por otra parte, no podemos permitirnos otros cuatro años con el Algarrobico en pié. En este sentido, el próximo gobierno no debería esperar a ninguna sentencia más para poner en marcha el protocolo de demolición acordado entre el gobierno andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente. Tendría, por tanto, que proceder al desmantelamiento del hotel inmediatamente y la restauración ambiental del Parque Natural, lo cual podría generar casi 400 puestos de trabajo con la demolición y la restauración. Por último, tendría que dejar de proteger la seguridad jurídica de la empresa constructora del hotel y pleitear en los tribunales, para dilucidar si compete o no indemnizar a la misma. Pero ya con el hotel desmantelado.

Como hemos dicho, Greenpeace piensa que la adopción de estas medidas tendrían que estar en todas las agendas electorales que concurren a las elecciones. El cambio climático, la disminución en la disponibilidad de agua, la conservación de nuestras costas o la contaminación de nuestros suelos, son cuestiones ineludibles, improrrogables, que afectarán a andaluces y andaluzas, sin distinción de ideologías. Aunque también somos conscientes, que las diferencias en las rentas jugarán un papel fundamental en estos procesos. Hemos intentado trasladarle esto a algunas de las personas que aspiran a ser representantes de la ciudadanía andaluza. No obstante, nuestra campaña por la conservación de los socio-ecosistemas no acaba el 1 de diciembre. Es por ello, que seguiremos insistiendo a quienes accedan al gobierno, para que se cumplan estas medidas, con constancia y contundencia, día tras día.

Deja un comentario