En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita, igualmente, que Kinbauri España S.L. y su único socio, Kinbauri Gold Corporation -actualmente bajo la denominación de Orovalle Minerals S.L. en asociación con Orvana Minerals Asturias CORP), habrán de indemnizar al Estado con 5.158.548,88 euros por los daños causados al dominio público hidráulico desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017, sin perjuicio de los que puedan acreditarse en ejecución de sentencia.
Por otra parte, la Fiscalía, ante lo que considera «un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente», pide suspender la actividad por un período de hasta cinco años «hasta que se acredite el cese de las acciones contaminantes y la imposición de una multa de 20 millones de euros por la contaminación continuada del río Cauxa, tribunario del Narcea «como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico, entre otros, desde tres puntos de las instalaciones mineras de El Valle-Boinás».
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal mantiene que las aguas del río Cauxa, a su paso por las instalaciones mineras de Orovalle, sufren la emisión de vertidos de una serie de sustancias catalogadas como peligrosas entre las que se encuentran el selenio, el cobre, el cadmio, el arsénico o los cianuros, que en ningún caso han sido amparadas por autorización alguna. Para la autoridad judicial, esta situación no se trata de una «circunstancia ocasional», sino que se ha mantenido en el tiempo «incumpliendo contínuamente la Autorización Ambiental Integrada» proviniendo estas sustancias «de forma inequívoca, de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España».
La Fiscalía afirma, además, que la empresa, además, «conocía plenamente esas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa», tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, organismo que desde el inicio de operaciones ya ha instruído tres expedientes sancionadores contra la minera.
La situación originada por Orovalle supone, para el Ministerio Público, un riesgo para la salud humana y los ecosistemas, dado que las aguas del río Cauxa desembocan en el Narcea, sobre el embalse de La Barca,, «donde pueden agravarse los efectos de las sustencias peligrosas debido a sus características intrínsecas, concretamente sus elevados grados de persistencia y bioacumulación», incumpliendo así de manera flagrante lo estipulado en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), normativa reguladora de la calidad de aguas a nivel continental.
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