Una protesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó como resultado al menos tres personas detenidas y varias lesionadas este sábado, durante un nuevo ataque de la Policía Nacional contra un grupo de manifestantes.

Los arrestos se dieron en menos de 24 horas después de que el Gobierno firmó un compromiso de no reprimir a las personas que participaran en protestas antigubernamentales, entre otros derechos garantizados en la Constitución de Nicaragua.

Entre las personas detenidas se encuentra Flor Ramírez, una manifestante conocida como «la señora del huipil», que se ha hecho famosa en Nicaragua por el atuendo que utiliza en cada protesta.

La Policía también agredió a un grupo de periodistas que daba cobertura a la manifestación, denominada «sentada nacional», a la que convocó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

El ataque de la Policía ocurrió junto a un centro comercial de Managua cuando un grupo de manifestantes, ataviados con la bandera de Nicaragua, se acercaron a menos de quince metros de los agentes, quienes reaccionaron de forma violenta.

Los agentes tiraron al suelo a algunos de los manifestantes, a quienes lanzaron patadas después de haberlos inmovilizado.

Durante la protesta, que se desarrollaba de forma pacífica antes del ataque policial, los manifestantes lanzaron consignas dedicadas a Ortega como «¡Es un delincuente, no es un presidente!», «¡Democracia sí, dictadura no!», «¡Viva Nicaragua libre!», o «¡Que se rinda tu madre!».

En medio de los actos violentos, los civiles también gritaron «¡Hay que estudiar para no ser de la Policía Nacional!», «¡Asesinos!», o «¡¿Qué quiere la Policía, que le den con la silla?!», está última en referencia a la escena en la que un agente corpulento arremetía contra un joven indefenso, cuando un desconocido lo detuvo golpeándolo con una silla en la espalda, hace dos semanas.

La violencia policial de este sábado no detuvo a los manifestantes, que volvieron a protestar desde el estacionamiento del centro comercial.

Anoche el Gobierno firmó una serie de acuerdos con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en los que se comprometió a obedecer la Constitución en lo referente a garantizar las libertades públicas, entre ellas la libre expresión, manifestación, reunión, movilización, prensa e información.

Diversos sectores de la sociedad nicaragüense y personajes conocidos, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y la integrante del equipo negociador de la Alianza Cívica, Azahalea Solís, mostraron sus dudas sobre que Ortega honrara su compromiso de no utilizar la violencia contra civiles.

Desde el estallido social contra Ortega en abril pasado unas 325 personas han muerto en las protestas antigubernamentales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales cuentan hasta 561. El Gobierno reconoce 199.

Al menos 809 personas se mantienen en la cárcel como «presos políticos», según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

La CIDH sostiene que el Gobierno de Nicaragua es responsable de crímenes «de lesa humanidad».

Ortega afirma que la crisis en realidad es un intento de golpe de Estado «fallido».

El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CID) contra Nicaragua está abierto en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, lo que podría desembocar en una suspensión del país centroamericano de ese organismo continental.

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