Varios periodistas imputados por falso testimonio tras denunciar una agresión policial en un mitin de Vox

En abril de 2021 Vox convocó un mitin en la Plaza Roja de Vallecas de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid en el que se produjeron varios altercados después de que Santiago Abascal se bajase del escenario e incitase a sus seguidores a encararse con los que protestaban contra el acto.

Varios medios se desplazaron hasta el lugar para cubrir el acto de la formación de extrema derecha y la manifestación vecina, entre ellos El Salto Diario, Público y El Plural, donde las cargas policiales dejaron varios heridos, entre ellos, varios periodistas que denunciaron la actuación policial.

El periodista Guillermo Martínez, que es día trabajaba para El Salto Diario, denunció a un agente por agredirle con una porra después de que este le pidiera su acreditación. Sus compañeros de profesión Fermín Grodira y Juan Carlos Mohr tomaron imágenes de lo sucedido y lo denunciaron ante las autoridades y aportaron como pruebas los vídeos de la agresión y un parte médico.

Por su parte, el agente sostuvo que simplemente solicitó la acreditación al periodista, quien se negó a dársela y se saltó el cordón policial, razón por la cual le agarró del brazo y cayó al suelo. Además, aseguró, que al darse cuenta de que era periodista, le ayudó a levantarse.

La Justicia terminó absolviendo al policía, impuso costes al afectado por “mala fe procesal” y abrió la vía a que los demás miembros de prensa fueran investigados al considerar que tanto Martínez como sus compañeros podrían estar incurriendo en un delito de falso testimonio.

Condena de uno a tres años de prisión y multa de seis a doce meses

Ahora, los afectados han sido imputados y se enfrentan a una condena de uno a tres años de prisión y una multa de seis a doce meses, cuya cuantía será determinada por la magistrada del juzgado de instrucción número 29 de Madrid.

La defensa judicial costará casi 1.500 euros por cabeza y por ese motivo CNT Madrid ha abierto una caja de resistencia con el objetivo de recaudar fondos que permitan sufragar los gastos. “Esto no solo demuestra la connivencia entre el poder judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que es un ejemplo más de la impunidad con la que los agentes actúan contra periodistas”, señalaban desde el sindicato.