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Un total de 19.998 ciudadanos vascos fallecieron durante la Guerra Civil y hasta 1945, y de ellos 5887 tuvieron muertes consideradas crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría cometida contra el bando republicano, según el balance provisional de un informe elaborado por el Gobierno Vasco.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la directora del Instituto Vasco de Memoria-Gogora, Aintzane Ezenarro, han presentado este miércoles las conclusiones del «Informe sobre víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)».

El trabajo ha sido elaborado por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV/EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Se trata de la primera fase de un estudio más amplio sobre «Vulneraciones de Derechos Fundamentales entre 1936-1978» que ofrece un listado con los nombres de las víctimas mortales ocasionadas desde 1936 a 1945 en la Guerra Civil y la posguerra en Euskadi, así como de los vascos que murieron en esa etapa en otros puntos de España.

El balance provisional indica que se han contabilizado un total 19.998 víctimas mortales, de las cuales 698 no están indentificadas. La mayoría son hombres, 18.958, y 998 mujeres. Sobre las 42 restantes no ha sido posible determinar el género.

Murieron en combate 6.767 gudaris (soldados nacionalistas) y milicianos y 5.479 sublevados, 2.252 fallecieron en prisión (todos republicanos) y 1.363 en bombardeos (que afectaron a población civil y a combatientes republicanos).

Además se han documentado 1.130 en ejecuciones extrajudiciales (todas a republicanos), 955 muertes a manos de republicanos en «acciones no combatientes» (los llamados daños colaterales, como balas perdidas), 895 en ejecuciones sumarísimas (penas de muerte, todos a republicanos), 247 por daños colaterales causados por los sublevados y 910 sin clasificar.

El informe incluye además de la causa de la muerte la calificación que el derecho penal internacional otorga a la misma y de esta manera se constata que 5.887 muertes son consideradas crímenes de lesa humanidad de asesinato o desaparición forzosa. Ahí se ha incluido a los fallecidos en los bombardeos, por daños colaterales, en ejecuciones extrajudiciales y sumarísimas, y en prisión, donde la gran mayoría son víctimas republicanas.

Fernández ha precisado que los muertos en combate no tienen calificación en el derecho penal internacional y que no todas las violaciones de derechos humanos que se puedan dar en una conflicto bélico generan una responsabilidad penal internacional, solo aquellas que responden a tres características: una intensa gravedad, un carácter sistemático y un alcance masivo.

«Los combatientes sublevados se alzaron contra un sistema democrático, los republicanos defendieron la legalidad democrática. Los sublevados muertos en combate fueron tratados como héroes y los muertos republicanos de rebeldes, sediciosos. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el bando sublevado formaron parte de un plan sistematizado y con gran impacto sobre la población civil», ha descrito.

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