El Constitucional se alza como muro infranqueable para las víctimas del franquismo debido a la impunidad en suelo español de los torturadores franquistas. De nuevo se mantiene imperturbable y duro con el bando perdedor en cuestiones relativas a la dictadura tanto en torturas como anulación de sentencias. El pasado pesa.

En 1963, el histórico dirigente de IU y el PCE, Gerardo Iglesias, trabajador por aquel entonces en el Pozo Carbones de la Nueva, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo por incitación a la huelga. Estuvo arrestado tres días en los que vivió todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Allí conoció a Pascual Honrado de la Fuente, el Billy el Niño asturiano, especializado en tumbarte en el suelo dándote puñetazos en el hígado y en todo tipo de ensañamientos y humillaciones.

En su declaración frente al juez, Iglesias quiso dejar constancia del grado de impunidad y seguridad con el que actuaban esos policías, en concreto, Honrado de la Fuente, quien un día le dijo que cuando muriera Franco ellos no iban a perder nada porque eran funcionarios. Y así fue, además de no haber sido juzgado por ningún delito penal, a día de hoy siguen colgando sobre su pechera condecoraciones que incrementan su pensión vitalicia.

Las víctimas del franquismo acuden al Constitucional sin esperanza

Esta semana el Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por el abogado y exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que tenía como objeto investigar denuncias de lesa humanidad.

En 2018, Iglesias pidió amparo por las torturas policiales que aseguraba haber sufrido durante la dictadura y junto a él también se querellaron el histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, quienes acusaban también a Pascual Honrado de la Fuente de torturas y para los que también se espera la inadmisión.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo rechazó su admisión a trámite, algo que ratificó la Audiencia Provincial. Por ello, Iglesias acudió en amparo al Constitucional, que ha avalado la decisión de los magistrados asturianos y no ha admitido tampoco el recurso. La decisión de tumbar el asunto se tomó por ocho votos a tres: Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca o María Luisa Balaguer apostaban por revisar las torturas.

La resolución se fundamenta en que los hechos ocurrieron hace 50 años, por lo que si se trata como delitos comunes ya estarían prescritos y, aunque se prescindiera de dicha prescripción, se aplicaría la amnistía de 1977, es decir, la responsabilidad civil está extinguida de cualquier manera.

Las víctimas del franquismo chocan de nuevo contra el muro del Constitucional
Las víctimas del franquismo chocan de nuevo contra el muro del Constitucional

Además, la querella se interpuso por un delito de lesa humanidad que no se tipificó en el Código Penal hasta 2003 y la Constitución prohíbe que se aplique retroactivamente.

Sin embargo, Iglesias no tiene pensado rendirse y acudirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El paso más lejano que se ha producido en el Constitucional en relación con un asunto de estas características lo dio en diciembre de 2013 Manuel Miranda, quien emitió un informe pidiendo al tribunal que se replantease la decisión de inadmitir un recurso del abogado memorialista Eduardo Ranz en relación con la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos, un asunto que su jefa dejó sin efecto y archivó en 48 h.

En aquel escrito, el miembro del Ministerio Público recordaba a los magistrados que el órgano judicial nunca había tenido la oportunidad de abordar los efectos de la Ley de Amnistía «sobre el deber de investigación judicial efectiva y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva». «La demanda de amparo plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que trasciende el concreto caso denunciado. […] La eventual nulidad de la Ley de Amnistía, las discrepancias de interpretación respecto de su alcance y su efectos […] adquieren una singular relevancia jurídica en nuestro ordenamiento».

El abogado que se ha encargado del caso iglesias, Jacinto Lara reconoce que cada vez que llevan cualquier cuestión relacionada con la represión franquista ante el Constitucional lo hacen sin apenas «esperanza» y como trámite a agotar antes de trasladar el asunto fuera de las fronteras.

Además recuerda que, a lo largo de décadas el tribunal ha tenido la oportunidad de aclarar de una vez por todas el alcance de la amnistía porque herramientas no han faltado, pero hasta ahora ha sido un debate ignorado.

El letrado señala una diferencia importante respecto a todas las respuestas del Constitucional que había recibido previamente y que puede llevar a pensar que algo se está moviendo en el tribunal. «Antes emitían una providencia tipo de un par de párrafos en la que básicamente alegaban falta de trascendencia constitucional. Ahora, tenemos un auto. Y no hay respuesta monolítica», explica.

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Felisa Echegoyen ya ha puesto sobre la mesa del Comité de Derechos Humanos de la ONU las torturas de las que fue víctima a manos del expolicía Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, quien a comienzos de octubre de 1974 se plantó en su casa con otros cuatro inspectores y la agredió violentamente antes de conducirla a la Dirección General de Seguridad.

Por el momento, está a la espera de que el organismo se pronuncie. Pero lo cierto es que González Pacheco ya ha fallecido sin que reproche penal, al igual que algunas de las víctimas sin encontrar la justicia que tanto buscaban.

Algunas de las víctimas siguen sin rendirse como es el caso Vicente Gutiérrez, de 88 años y torturado por Pascual Honrado de la Fuente. «No desistimos, luchamos. Y cuando no lo hagamos nosotros, lo harán los que vengan detrás si no lo hemos conseguido», ha señalado.

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Luego acudieron al Constitucional, contra el que también se chocaron, al alegar los magistrados que la Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que, no tenía cabida «enjuiciar mediante su aplicación los actos de poder pronunciados antes de su entrada en vigor».

El mismo camino a ninguna parte siguió la familia del poeta Miguel Hernández. En 2011, el Alto Tribunal dijo que no podía tumbar la sentencia al entender que la Ley de Memoria Histórica no contemplaba una anulación individualizada de estas condenas por motivos políticos e ideológicos. El recurso de amparo ante el Constitucional también terminó guardado en un cajón.

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